Las protestas realizadas este jueves 15 de enero en Arauca, que incluyeron el cierre de la vía hacia el puente internacional José Antonio Páez, dejaron más preguntas que respuestas.
Convocadas por las mal llamadas organizaciones sociales y algunos sindicatos del departamento, las manifestaciones sembraron temor entre ciudadanos que, una vez más, vieron alterada su cotidianidad sin que mediara una acción clara de la autoridad para evitar el caos.
Los manifestantes llegaron en buses y otros vehículos desde municipios como Arauquita y Saravena, en una movilización cuya logística y financiación no han sido explicadas, un tema que sigue dejando duda sobre las supuestas buenas intenciones de esos movimientos cuya credibilidad está en cero entre la comunidad.
El motivo central de la protesta: expresar respaldo al capturado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien los convocantes presentan como víctima de una supuesta persecución internacional, pese a que su captura se dio conforme a procedimientos legales en el exterior por los delitos de narcotráfico que se le imputan, precisamente, en asocio con los grupos criminales que tiñen de sangre diariamente al departamento de Arauca.
Lo que genera indignación en amplios sectores de la ciudadanía es la selectividad de estas causas.
Mientras se alzan consignas y se bloquean vías en defensa de un dictador vinculado con narcotráfico y además de otras causas en la Corte Penal Internacional por asesinar y secuestrar manifestantes que lo criticaban en WhatsApp o alguna vez se atrevieron a protestar, las mismas organizaciones guardan un silencio absoluto frente a la tragedia que golpea a Arauca desde hace años: secuestros, asesinatos y la intimidación sistemática de civiles por parte de las guerrillas.
Un caso emblemático es el de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados desde mayo de 2025 por el grupo criminal ELN, sobre quienes poco o nada se escucha en las proclamas de quienes se autodenominan voceros del pueblo.
Mientras las marchas ideológicas ocupan titulares, la guerra cotidiana en Arauca —con su saldo de secuestros, desplazamientos y muertes— continúa sin la presión social que merece.
Además, sin que sean parte de esos grupos, ante la opinión pública estas llamadas organizaciones sociales son vistas como defensoras de bandidos antes que de los ciudadanos. Además, de la imbecilidad de defender un dictador extranjero, se reitera la pregunta, ¿quién les da o de dónde sacan tanta plata para esas movilizaciones coordinadas?
