La Contraloría General de la República encontró sobre costos por más de $2.000 millones, en el programa “hambre cero” de ollas comunitarias de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastre-UNGRD, ejecutados en los departamentos de la Guajira y Arauca.
También se detectaron inconsistencias en la información de los beneficiarios del programa y falta de soportes sobre pagos a contratistas.
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental “Hambre Cero”, ejecutados durante 2023 en los departamentos de La Guajira y Arauca.
En el desarrollo de la investigación se revisaron los soportes existentes, tales como facturas, bases de datos de beneficiarios, no obstante se carece de mucha información.
Pese a la falta de soportes, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a dos procesos de responsabilidad fiscal así:
LA GUAJIRA.
Sobre el contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días con una inversión de $5.240 millones, se dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se determinó la existencia de sobrecostos por $1.001 millones en la contratación de raciones alimentarias para comunidades wayuu.
Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUT del sector educativo y falta de soporte técnico.
ARAUCA
Este contrato tenía el propósito de suministrar alimentación a 6.200 beneficiarios, durante 90 días en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca zona rural y Urbana, con una inversión de $9.200 millones, dio como resultado el proceso de responsabilidad fiscal por sobre costos en la suma de $1.064 millones.
Entre las anomalías detectadas están: contratistas sin experiencia, patrimonios reducidos, ausencia de inscripción en RUES, códigos CIIU inconsistentes y objetos contractuales incongruentes con la capacidad técnica de las entidades.
Presuntos responsables Fiscales:
Olmedo de Jesús López Martínez, Director General de la UNGRD.
Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Subdirector General de la UNGRD.
