La Sección Tercera del Consejo de Estado decretó medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional de la Directiva Presidencial 11 de 2024, que instruía a las entidades del orden nacional a destinar el 33 % de su presupuesto publicitario a medios alternativos, comunitarios e incluso, según se planteó en la demanda, a creadores de contenido e influencers afines al Gobierno.
El alto tribunal consideró que la norma podría representar una vulneración al Estatuto de Contratación Estatal, al afectar principios como la libre competencia, la igualdad de condiciones y la publicidad en la contratación.
La decisión responde parcialmente a la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que cuestionó los alcances de la directiva.
“El acto enjuiciado limita la libertad de los distintos medios de comunicación, dado que prefiere a unos sobre otros, lo que en la práctica no es otra cosa que un quebrantamiento de la igualdad de condiciones en el mercado público de los contratos estatales”, señaló el consejero ponente Alberto Montaña Plata en su intervención.
El Consejo de Estado también advirtió sobre la contradicción en el propio texto de la directiva, que disponía que las medidas se aplicarían “sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública”, pero que en la práctica generaban privilegios hacia ciertos actores de la comunicación, desconociendo la neutralidad que exige la ley.
