Cinco colombianos retenidos en la zona fronteriza de Arauca con Venezuela desde el 14 de agosto fueron trasladados a la ciudad de Caracas, según pudo establecer Caracol Radio. Entre ellos se encuentran cuatro firmantes de paz y un contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), quienes inicialmente habían cruzado la frontera con la intención de hacer turismo.
Desde la capital venezolana, la Embajada de Colombia en Venezuela adelantará las gestiones necesarias para permitir que los ciudadanos retornaran al país de manera segura, por lo que espera agilizar la comunicación con el Gobierno vecino con el fin de que se cumplan todos los protocolos diplomáticos.
Entre los cinco retenidos estaban Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo creado en el marco del Acuerdo Final de Paz para coordinar la reincorporación de exintegrantes de las antiguas Farc.
Viloria Blanco ha participado activamente en la formulación de políticas de reincorporación y en la articulación con las asociaciones de excombatientes, lo que le otorga un rol de liderazgo dentro del proceso de paz.
También se encontraba Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y miembro del equipo técnico del componente Comunes en el CNR, cuya labor se centra en la gestión de programas de reintegración y seguimiento de excombatientes. Completaban el grupo Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, todos firmantes de paz y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que portaban armas en cumplimiento de su labor de seguridad.
De acuerdo con información oficial, estas personas habían participado el 13 de agosto en Fortul, Arauca, en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, en el que se buscaba reconocer avances productivos y sociales de los programas de reincorporación. Este tipo de eventos constituye un componente clave dentro de la política de postconflicto, ya que busca fortalecer la estabilidad económica y social de quienes dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil.
El regreso a sus lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto, pero decidieron cruzar hacia Venezuela. Ante la retención, la ARN activó los canales institucionales y diplomáticos, coordinando con la Cancillería colombiana y estableciendo contacto con la Embajada de Colombia en Venezuela, así como con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bogotá, con el objetivo de esclarecer los hechos y facilitar “el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos”.
Según el Gobierno venezolano, los colombianos intentaban ingresar al país con armas de fuego y radios de comunicación.
“En pleno ejercicio de soberanía efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al DF-353 (Guasdualito), logró la aprehensión de cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana que intentaban ingresar al territorio venezolano con armamentos y equipos de comunicación”, indicaron.
El procedimiento ocurrió el jueves 14 de agosto a las 2:15 p. m., hora local, en el Puesto de Atención al Ciudadano del Puente Internacional José Antonio Páez. Las autoridades venezolanas reportaron que entre los elementos incautados se encontraban tres pistolas marca Córdova Estándar calibre 9 mm con sus cargadores, 54 cartuchos del mismo calibre, tres chalecos antibalas, tres radios portátiles de comunicación, dos laptops, seis teléfonos celulares y un vehículo Toyota Prado blindado con placas colombianas.
Ramón Cabeza, jefe de Seguridad Ciudadana del estado Apure, afirmó que este procedimiento formó parte del despliegue permanente de los órganos de seguridad para enfrentar cualquier amenaza de orden externo que pudiera afectar la soberanía, seguridad y paz del pueblo venezolano.
Sin embargo, dado el contraste de versiones entre ambos gobiernos, este caso plantea la necesidad de coordinación binacional en materia de seguridad y derechos humanos. Además, la combinación de acciones de seguridad y diplomacia reflejan la complejidad de manejar incidentes transfronterizos, especialmente cuando involucran a personas vinculadas a procesos de reincorporación de excombatientes.
