Gracias al trabajo mancomunado de la Procuraduría General de la Nación e instituciones territoriales cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, que se encontraban amenazados, fueron trasladados al departamento del Vaupés.
El trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo, dos procuradurías regionales y los entes territoriales permitió prestar la ayuda humanitaria de emergencia consistente en el traslado de las personas a la ciudad de Mitú, donde fueron recibidos y atendidos.
La acción del Ministerio Público y de las entidades del orden nacional y territorial, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el decreto de ayuda humanitaria inmediata y el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, permitió salvaguardar la vida de las personas amenazadas por un grupo armado al margen de la ley.
