En medio de la fuerte ola invernal que afecta a Arauca, la Defensoría del Pueblo ha intensificado su presencia en el departamento, brindando apoyo a las familias perjudicadas por las recientes inundaciones ocurridas en el centro poblado Bocas de Ele, del corregimiento Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita.
El desbordamiento del río Ele incomunicó a las y los lugareños, toda vez que el puente comunitario colapsó por la fuerza de la corriente fluvial. Un total de 75 familias campesinas del sector y más de 500 indígenas del pueblo Hitnü resultaron afectados. Esto les llevó a unirse y trabajar, ante la ausencia de ayuda de los entes territoriales, en su reparación provisional. Ahora mismo cuentan con paso peatonal, pero aspiran a reforzar su estructura, para que haya paso de vehículos, clave para su quehacer diario y el movimiento de la economía rural.
Los corregimientos Mata Oscura y La Esmeralda, además de ocho resguardos indígenas, también jurisdicción de Arauquita, sufrieron inundaciones. El total de personas afectadas en las zonas rurales de ese municipio asciende a 21.000. La ola invernal, asimismo, ha generado afectaciones en los sitios conocidos como Todos los Santos y Caña Fistola, en Arauca.
Situación parecida ocurre en Puerto Nariño, corregimiento del municipio de Saravena, en donde también hizo presencia la entidad garante de los derechos humanos. Alrededor de 600 familias tuvieron que abandonar sus viviendas a causa de las inundaciones. Uno de los episodios lamentables fue el que padeció la institución educativa Antonio Nariño, lo cual ha impedido que niñas, niños y adolescentes puedan asistir a clases.
Pese a que están recibiendo educación con guías, en modelo flexible, son 680 estudiantes de primaria y secundaria los afectados, más 40 niñas y niños de cero a cinco años del Centro de Desarrollo Infantil, pues no han podido ser llevados por sus padres al lugar.
El trabajo de la Defensoría responde a la necesidad de garantizar que los derechos de las comunidades vulnerables sean salvaguardados, pese a las condiciones adversas originadas por las fuertes lluvias.
Como institución que vela por la protección de los derechos fundamentales en los territorios, y luego de que funcionarias y funcionarios de su Regional Arauca hicieran presencia en las zonas inundadas, exhorta a las autoridades del orden nacional, departamental y locales a promover acciones que permitan la entrega de ayudas humanitarias y contribuyan a la salvaguarda de sus derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, entre otros.
Esta situación demanda eficiencia, es por ello que la respuesta interinstitucional debe ser prioritaria, a fin de que la crisis invernal no continúe agravando la vulneración de derechos de las y los pobladores.
Su presencia constante en puntos críticos permite, además, que las familias conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento, fomentando una cultura de derechos humanos que trasciende la emergencia y perdura en el tiempo. Este papel es crucial para mantener la esperanza y la dignidad de quienes resisten el abandono del Estado y la rudeza de la naturaleza.
Proteger la integridad física y emocional de las personas afectadas, garantizando que ninguno de sus derechos quede relegado en medio de la época de lluvias, es un imperativo de todo el aparato estatal. Desde una visión integral de acompañamiento, mientras los entes competentes atienden el llamado, la Defensoría del Pueblo seguirá asistiendo a campesinas, campesinos, menores de edad, adultos mayores y población indígena que han resultado damnificados por la emergencia invernal.
