A pesar de los esfuerzos y llamados de organizaciones defensoras de derechos humanos, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales sigue siendo una dolorosa realidad en diversas regiones de Colombia. Este crimen atroz no solo infringe múltiples derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, sino que también constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Según el reciente monitoreo de la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero y el 30 de abril del presente año se identificaron 21 casos de reclutamiento forzado en el país. Y en 2024, se tuvo conocimiento de 541 casos, siendo Cauca el departamento con mayor número (360) de reportes.
Sin embargo, esta cifra representa solo la punta del iceberg de una problemática mucho más extensa y compleja. Un alto subregistro, motivado por el miedo a represalias, la falta de garantías para la denuncia, la estigmatización que sufren las víctimas y sus familias, las barreras territoriales que dificultan el acceso a la justicia y las debilidades institucionales en zonas de alta conflictividad, impiden dimensionar la verdadera magnitud de este flagelo.
Desde la entidad nacional de derechos humanos, resulta imprescindible recalcar que el reclutamiento forzado trasciende las frías estadísticas. Cada caso documentado, y cada uno de los que permanecen invisibles, implica la destrucción del proyecto de vida de una niña, niño o adolescente. Significa el desarraigo violento de su entorno familiar y comunitario, y el sometimiento a formas extremas de violencia y control.
