En redes sociales circula un mensaje auto atribuido a personas de Saravena que dicen estar cansadas de la imposición de muchos líderes sociales en ese municipio del departamento de Arauca, en supuesta connivencia con el ELN.
El mensaje inicia con el origen del mismo. “Las comunidades del municipio de Saravena, departamento de Arauca, nos dirigimos a la opinión pública, a las autoridades nacionales e internacionales, y a los organismos de derechos humanos para denunciar con profunda preocupación y temor una serie de hechos sistemáticos que están afectando gravemente nuestra dignidad, nuestra integridad y nuestros derechos como ciudadanos y víctimas del conflicto armado”.
Aseguran que “durante años hemos sido manipulados, utilizados y silenciados por líderes sociales y representantes de organizaciones que dicen hablar en nombre del pueblo, pero que en realidad actúan de manera autoritaria, clientelista y con estructuras armadas como el ELN”.
Afirman que la “denuncia pública no surge por capricho, sino por el miedo, la impotencia y la desesperación de ver cómo nuestras voces son acalladas, nuestras oportunidades eliminadas, y nuestra seguridad personal y familiar amenazada”.
Amenazas y control por parte de organización social
Como supuestos responsables sindican a una organización social de la zona. “Diversos líderes sociales del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano, y de organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ‘Joel Sierra’, han impuesto su voluntad sobre la población civil.
Nos obligan a asistir a marchas, cabildos, conmemoraciones o paros bajo amenazas directas como: “si no hacen lo que se les dice, los llevaremos al monte a cocinar o a charapear”, o incluso con amenazas de muerte a nuestros familiares si no obedecemos sus órdenes, porque lo que indican muchos de ellos es que no podemos ser ruedas sueltas”.
Empleo solo a recomendados del ELN
Sobre el empleo afirman que “en Saravena no es posible acceder a empleos en entidades públicas o empresas privadas sin la venia o recomendación del ELN o de estos líderes. La alcaldía actual, dirigida por el señor Cheser el hombre del sombrero, llegó al poder con el respaldo de este grupo armado”.
Según el anónimo compartido en diferentes redes, “toda contratación, desde el hospital hasta empresas petroleras o de servicios, está mediada por listas controladas por dirigentes como Ismael Jaimes Camargo, Eduardo Sogamoso, Osvaldo Bejarano Ortiz, y María Aguillón Estupiñán, entre otros”.
Denuncian que “sus familiares ocupan la mayoría de los puestos laborales y de dirección, excluyendo a quienes no pertenecemos a sus círculos cercanos. No hay meritocracia ni equidad; solo hay privilegios para unos pocos. Como también lo son Alexis Sierra de la CUT”.
Clientelismo en la Mesa de Víctimas
También advierten que “la Mesa de Víctimas del municipio, que debería ser un espacio de defensa de nuestros derechos, se ha convertido en un centro de humillación, manipulación y favoritismo. Allí los coordinadores benefician a sus familiares con proyectos de generación de ingresos y ayudas humanitarias. Casos como el de la señora María Aguillón, quien ha beneficiado a sus hijas con subsidios y préstamos, y el de Eduardo Sogamoso, impuesto como coordinador sin participación democrática, son muestra clara del abuso de poder”.
Mal uso de los esquemas de protección
Por otro lado dicen que “los esquemas de seguridad brindados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) están siendo utilizados de forma irregular. Algunos líderes sociales y lideresas manejan sus propios vehículos, utilizan a sus escoltas para favores personales o incluso mantienen relaciones sentimentales con ellos. Ejemplos como los de Lizeth Roa, Flor María Trillos y Shirley Patricia Moreno deben ser investigados, ya que vulneran los principios básicos del esquema de protección”.
Nepotismo y corrupción en asociaciones comunitarias
Menciona directamente a entidades: “Asociaciones como ECAAS (Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado, de Saravena), manejada por Lizeth Roa, o estructuras como Asojuntas, en cabeza de Alexis Sierra y Óscar, han convertido el empleo en las compañías petroleras y contratistas en un negocio personal, favoreciendo a sus familiares y cobrando comisiones a quienes desean trabajar. Las elecciones de juntas comunales y de víctimas están manipuladas, y los procesos son antidemocráticos”.
Silenciamiento y amenazas a líderes disidentes
Igualmente revelaron amenazas. “Los líderes que denuncian estas prácticas, o que se niegan a colaborar, son estigmatizados, expulsados de los espacios, o amenazados. A algunos se les retira el esquema de seguridad, y en casos extremos se recurre a autoamenazas o autoatentados para mantener privilegios o beneficios económicos”.
Exigen investigaciones
Ante la situación exigieron “de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, y a organismos internacionales de derechos humanos que Investiguen a fondo las contrataciones en la Alcaldía, hospital, ECCAS, empresas petroleras y ONGs del municipio desde el año 2015”.
En cuanto a personas pidieron investigar a: Sonia Lopez, Lorena, Jhoana Pinzón, María Aguillón Estupiñán y Oswaldo Bejarano Ortiz del movimiento Joel Sierra.
También a Eduardo Sogamoso de la empresa Eccas, Alexis Sierra, Ernesto Roa,
Sandra Roa, Liseth Roa y Jose Murillo del movimiento Joel Sierra; a Asarl Torres e
Ismael Jaimes de Asojuntas.
A la lista de investigados piden que incluyan a Ángel Salinas de Asojuntas, Flor María Trillos y José Luis de Asosalupa, Rosa de Asojuntas y Yamile Sierra y Elija Lozano de Ama.
“Verifiquen el uso real de los esquemas de seguridad de líderes sociales protegidos por la UNP, por que muchas protegidas como liseth Roa tienen de amantes a sus hombres de protección en este caso el señor Helio Pabón, pedimos investigar todo”, dice el texto.
Igualmente piden que “auditen los proyectos y recursos otorgados a la Mesa de Víctimas y a asociaciones comunitarias”.
Solicitan que protejan la vida e integridad de quienes han sido silenciados o amenazados por denunciar estas prácticas.
Sugieren que “revisen los procesos electorales de asociaciones, juntas comunales y mesas de participación para garantizar transparencia y legalidad”.
