La Corte Suprema de Justicia decidió que el magistrado Misael Rodríguez continuará con la investigación contra cinco congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) por su presunta participación en un entramado de cohecho impropio vinculado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El caso estuvo inicialmente a cargo del magistrado Rodríguez, quien presidió la Sala de Instrucción en 2024. Sin embargo, a raíz de la filtración de la declaración del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, a mediados de 2024, el expediente fue trasladado al despacho del nuevo presidente de la Sala de Instrucción, César Augusto Reyes, para garantizar la protección de la información del proceso.
La decisión generó polémica, especialmente la postura de la magistrada Cristina Lombana, quien en su salvamento de voto señaló que este cambio violaba las normas del reparto.
“La filtración de la información fue el motivo relevante y decisivo para que el proceso se asignara al presidente de la Sala, con lo cual se desconocieron las reglas del reparto”, señaló Lombana.
Con la decisión de mantener a Misael Rodríguez al frente del expediente, la Corte busca garantizar la continuidad de la investigación sin alteraciones derivadas de los cambios en la presidencia de la Sala de Instrucción.
El caso involucra a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes están bajo investigación por supuestamente haber aprobado operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios que se habrían materializado en la adjudicación de contratos a través de la Ungrd.
Según la Corte, existen indicios de que los parlamentarios favorecieron proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) mediante la asignación de recursos de la entidad.
La investigación se fundamenta en documentos y testimonios que sugieren una conexión entre las aprobaciones emitidas por la CICP y las adjudicaciones de contratos.
En diciembre, los congresistas implicados comparecieron ante la Corte para rendir indagatoria. La senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, se presentó a la diligencia y afirmó que nunca gestionó recursos ante la Ungrd.
“No he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad”, aseguró en declaraciones publicadas por El Tiempo.
Cabe destacar que Bittar solicitó recientemente la ampliación de su indagatoria para aportar nuevos detalles sobre el entramado de corrupción. Ahora se espera la reprogramación de la diligencia, clave para el avance de la investigación contra los congresistas involucrados.
Por su parte, el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, optó por guardar silencio durante su indagatoria. Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, manifestó que su cliente no se autoincriminará y confió en que “se confirmará su inocencia” tras el análisis de los hechos.
El representante Wadith Manzur adoptó la misma estrategia y explicó que prefiere esperar a que la Corte llame a declarar a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, considerado pieza clave del caso.
Su abogado, Luis Torregroza, indicó que “sin la versión de López, es prematuro ofrecer una declaración”.
El representante Julián Peinado, también del Partido Liberal, se presentó ante la Corte y destacó la imparcialidad del magistrado Misael Rodríguez en la investigación. “El doctor Misael Rodríguez nos ha permitido hacer nuestras preguntas y resolver nuestras inquietudes”, afirmó.
La representante Karen Manrique, también investigada en el caso, no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso y también guardó silencio.
