La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la situación en el departamento de Arauca, que se ha deteriorado por la violencia generada por parte de los grupos armados no estatales.
En lo que va del 2024, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 15 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, 12 de las cuales eran líderes comunales y un sabedor mayor indígena del Pueblo Hitnü; 151 privaciones de la libertad por parte de grupos armados no estatales, con 51 personas que continúan desaparecidas; y 42 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, uso o utilización también por parte de grupos armados no estatales.
“Condenamos los crímenes cometidos en Arauca por los grupos armados no estatales. Subrayamos la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas Hitnü y Makagüan que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural, de acuerdo con la Corte Constitucional. Documentamos que de los 42 niños que sufrieron reclutamiento forzado o uso o utilización, 32 pertenecen a los pueblos Hitnü y Makagüan.
Esto pone en evidencia las graves consecuencias del conflicto sobre los Pueblos Indígenas, y también la urgencia de que el Gobierno, a nivel local y nacional, garantice los derechos humanos en estas zonas del país”, dijo Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Por la gravedad de la situación, ONU Derechos Humanos con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior llevó a cabo dos misiones a Arauca para escuchar a las personas defensoras, a las autoridades locales y a una comunidad del Pueblo Hitnü.
Saludamos que el Ministerio del Interior tomó varias medidas, con otras entidades del Estado, para atender a la población Hitnü, en particular, la Registraduría General de la Nación logró entregar 21 registros civiles y 19 identificaciones a indígenas Hitnü. Saludamos, entre otras, estas acciones de protección de derechos humanos.
Por otra parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos constató en 2024 graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y afectaciones al acceso a la educación de la niñez en las zonas rurales de Arauca, que se traducen en interrupciones de los procesos educativos a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, desplazamientos forzados y
confinamientos, uso de las escuelas por parte de actores armados no estatales e instalación de las Minas Antipersonal. Según el reporte de la Secretaría Departamental de Educación 290 sedes educativas fueron afectadas por el conflicto armado desde el 2022 hasta la fecha.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llama a las autoridades del Estado a tomar medidas eficaces de prevención y protección para garantizar la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de la población civil, con un énfasis especial en la garantía de la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas Hitnü y Makagüan.
Así mismo, la Oficina reitera la necesidad de continuar el trabajo de fortalecimiento del Ministerio Público, a través de las Personerías Municipales, quienes realizan una labor constante en defensa de los derechos humanos.
La Oficina llama a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a quienes perpetraron estos graves crímenes en Arauca como homicidios de la población civil, en particular de personas defensoras, reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años, privaciones de la libertad, desaparición, instalación de minas antipersonal, extorsiones, amenazas y panfletos o videos que generan terror; también llama a la implementación de la política de desmantelamiento de grupos generadores de violencia.
La Oficina de ONU Derechos Humanos condena las acciones violentas de los grupos armados no estatales, y los urge de forma contundente a que respeten los derechos humanos de la población civil y cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario.
