Unas horas después de confirmarse su secuestro, Gloria Carrillo, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Fortul, en Arauca, fue liberada, según informó la Defensoría del Pueblo. La noticia de su retorno seguro llevó alivio a la comunidad y a los organismos de derechos humanos, que habían exigido su pronta liberación y ofrecidos canales humanitarios para facilitar su regreso.
El secuestro de Carrillo, ocurrido en la tarde del domingo 10 de noviembre, generó una rápida reacción en Colombia.
En su comunicado inicial, la Defensoría había llamado a los responsables a respetar la vida de Carrillo y detener los ataques contra defensores de derechos humanos. Sin embargo, se confirmó luego su liberación.
A través de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, la Organización de Naciones Unidas (ONU) también se pronunció en respaldo de Carrillo antes de su liberación, y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado de paz, Otty Patiño, solicitándoles atención urgente a esta situación. La ONU había exhortado a los responsables a liberar a Carrillo ilesa y había pedido respeto por la vida e integridad de todas las lideresas y defensores de derechos humanos en Arauca.
Los delincuentes llegaron hasta la vivienda de Gloria Carrillo, la sacaron a la fuerza y la obligaron a subirse en la camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se desplazaba habitualmente.
En el momento del secuestro, Carrillo iba acompañada de dos escoltas asignados a su esquema de seguridad, quienes también fueron tomados bajo amenaza por los captores y obligados a permanecer en el vehículo mientras la trasladaban a un lugar desconocido.
A través de redes, organizaciones y medios confirmaron que Carrillo fue liberada y se encuentra a salvo. Sin embargo, los criminales se llevaron consigo la camioneta de la UNP en la que se movilizaban, así como el armamento y los equipos de protección que utilizaban sus escoltas, lo que representa una pérdida significativa en términos de recursos de seguridad para la líder social.
Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué grupo armado fue responsable del secuestro; dado que, en la región de Arauca, donde tuvo lugar el incidente, operan tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como disidencias de las Farc. Ambas organizaciones mantienen una presencia activa en el área y han sido vinculadas a episodios similares de violencia y retención de líderes sociales en el pasado.
