En una serie de revelaciones impactantes, la Fiscalía General de la Nación ha desvelado la conformación gradual de una empresa criminal que saqueó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd). Según la delegada del ente investigador, un pequeño grupo clave fue esencial en este entramado de corrupción, estableciendo funciones específicas para ubicar contratos, exigir sobornos y pagar coimas a funcionarios públicos, dirigentes políticos, contratistas y particulares.
La investigación detalla que desde la llegada de Olmedo López a la dirección de la UNGRD en mayo de 2023, se comenzaron a direccionar millonarios contratos. López contó con la activa participación de Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres, quien se encargó de identificar los contratos más importantes y negociar directamente con los interesados.
Pronto se unieron al esquema Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección, y Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento, así como funcionarios de otras entidades estatales como César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Otros servidores públicos y contratistas de la UNGRD también estuvieron implicados, además de particulares como Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista y representante legal de la empresa Luquet S.A.S, quien controlaba más de 30 empresas.
La imputación detalla que este grupo acordó “generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública”.
Con estas acciones, “lograron consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el general”. Esta empresa criminal fue creada con vocación de permanencia e influencia en la contratación de la unidad.
La empresa se caracterizó por interesarse ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos, “direccionando los empresarios a quienes se les adjudica a cambio del pago de coimas para así o para terceros encubriendo en diferentes falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación”.
Este jueves, la Fiscalía General les imputará los cargos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Por estos hechos, la delegada del ente investigador le solicitará al juez de control de garantías de Bogotá que emita medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Romero.
Los abogados de los procesados han anunciado que no aceptarán los cargos, pues están en la búsqueda de un principio de oportunidad para ser testigos de cargo en los procesos por estos hechos de corrupción.
