Un rastreo a tres contratos que suman $92.000 millones para tres alcaldías, una en Córdoba, otra en Arauca y una más en Bolívar, retrata en modus operandi de este escándalo.
Bien reza el refrán popular de que detrás de la pelota siempre viene un niño.
Al buen entendedor pocas palabras, pero el dicho refiere a que, en el mundo de la política, ningún movimiento es fortuito ni desinteresado.
Más o menos así lo pintan las revelaciones ante la justicia y medios de comunicación que han hecho el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y su exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, sobre los hilos que se movieron para direccionar contratos que celebró esa entidad con distintas alcaldías con el fin de asegurar apoyos en el Congreso a proyectos importantes para el Gobierno.
Los presuntos torcidos que están más frescos en la memoria mediática son los que, según Sneyder Pinilla, se cuadraron entre él, el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo; el Ministerio de Hacienda, a través de su cabeza y su asesora, y la UNGRD respecto de tres contratos que sumaban la bicoca de $92.000 millones para el mismo número de municipios.
Se trataba de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), en donde tendrían interés un grupo de seis congresistas: Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manrique (curules de paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
La operación, según muestran chats entre los funcionarios implicados revelados por Noticias Caracol, se hizo mediante una persona en cada una de las alcaldías de esos municipios que hacía las veces de intermediario, con quien el exsubdirector ajustó los requisitos técnicos de los contratos, lo que implicó que esas administraciones habrían tenido que declarar calamidades que no ocurrieron.
