Pese a que están vigentes sendos acuerdos de cese el fuego con la guerrilla del Eln, con las disidencias y las reincidencias de las Farc, la situación de orden público y seguridad en muchas regiones continúa crítica.
Cuando se empezaron a firmar estos ceses de hostilidades militares y de afectaciones a la población civil, una de las zonas en donde más expectativa existía sobre los resultados de estos pactos era, precisamente, Arauca.
Como se sabe, ese departamento ha sido en la última década uno de los más golpeados por la violencia, no solo por los combates de los grupos ilegales y la Fuerza Pública, sino por los enfrentamientos entre las mismas facciones subversivas. Cuadrillas elenas y de los grupos residuales de las Farc llevan varios años en pie de guerra en esa región, sobre todo por el control de los cultivos ilícitos, el narcotráfico, contrabando, extorsión, secuestro e incluso amenazas a las administraciones públicas para tratar de cooptar la contratación oficial.
En los últimos dos años la mayoría de las masacres y asesinatos que se han registrado en Arauca e incluso al otro lado de la frontera con Venezuela han tenido relación con estos combates entre grupos criminales, con el abatimiento de varios de los cabecillas.
En ese orden de ideas, los ceses el fuego vigentes con las facciones subversivas no han dado los resultados esperados en Arauca. De hecho, la Defensoría del Pueblo denunció la semana pasada que los secuestros están, de nuevo, disparados en este departamento. Incluso, más de veinte personas han sido privadas de la libertad en lo que va corrido de este año.
No se puede perder de vista que el Eln se comprometió a no volver a secuestrar y liberar a los cautivos en su poder, en tanto que las disidencias y reincidencias dijeron haber renunciado de forma definitiva a esta práctica violatoria del Derecho Internacional Humanitario.
Es imperativo, entonces, que los cuestionados mecanismos de monitoreo y verificación del cumplimiento al cese el fuego que se pactaron con cada una de las organizaciones guerrilleras, en las respectivas mesas de negociación, se activen de inmediato para establecer qué grupo secuestró a esta veintena de habitantes, si se trata de plagios de orden extorsivo o político, y más importante aún: quién y por qué se violaron los compromisos de cese de hostilidades y afectación a los civiles.
