El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reitera la advertencia sobre el confinamiento que se presenta desde hace 40 días en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo, más exactamente en el sector del corregimiento de Mecaya, y las inspecciones de policía de Senceya y Yurilla.
“Habíamos alertado sobre esta situación desde que comenzó, con la restricción de movilidad sobre el Río Caquetá, ordenada por uno de los grupos armados ilegales que opera en el sector, y que está afectando a más de 2500 personas, entre comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre las riveras de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya. Por esa razón solicitamos con urgencia que se abra un corredor humanitario en la zona”, aseguró Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Putumayo, ha puesto en conocimiento esta situación en diferentes espacios institucionales como Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, y consejos de seguridad, y ha sido categórica en sostener ante las autoridades la gravedad de este confinamiento en el sector rural del municipio de Puerto Leguízamo.
“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno Nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Dicha falta de apoyo y presencia es contraria a la labor que esa dependencia adelanta en otras regiones del país. Lamentablemente la restricción de movilidad continúa en Puerto Leguízamo, y desde hace dos semanas atrás también se suman diferentes zonas rurales del municipio aledaño de Puerto Caicedo.
Desde que empezó esta crisis a finales del mes de enero, la Defensoría del Pueblo ha propuesto la apertura de corredores humanitarios en las distintas reuniones institucionales, pero implementarlos es una función de competencia exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo no está autorizada para ejercer diálogo directo con grupos armados ilegales y mucho menos, para fijar esta clase de compromisos.
“Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo de la Regional Putumayo, hemos venido corroborando la situación con las autoridades municipales quienes reconocen las restricciones a la movilidad de sus poblaciones campesinas y étnicas, y seguiremos insistiendo en la necesidad de lograr la garantía de los derechos de las comunidades en esa región del país“, finalizó el Defensor del Pueblo.
