La labor investigativa liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y el trabajo realizado por los equipos de criminalística y científicos del CTI, permitieron ubicar, exhumar e identificar a una víctima de ejecución extrajudicial.
Se trata de un hombre de 25 años, quien fue retenido junto a otras personas por unidades militares y de la Policía Nacional, el 23 de enero de 1991, en la vereda Las Palmeras, en zona rural de Mocoa (Putumayo). Ese día, los civiles fueron trasladados a una escuela rural, puestos en estado de indefensión y atacados con armas de fuego.
Posteriormente, fueron vestidos con uniformes camuflados y posteriormente reportados como ‘bajas en combate’. En su momento, uno de los muertos fue presentado con el alias de ‘Moisés’ y sepultado sin que quedara registro sobre la ubicación del cuerpo. Por esta acción desproporcionada de la fuerza pública, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 2001.
El fallo, entre otras disposiciones, pidió localizar los restos de ‘Moisés’ y entregárselos a su familia. En ese sentido, la Fiscalía puso en marcha varias actividades investigativas; sin embargo, no había rastro ni información de las personas que tuvieron contacto o cercanía con la víctima. Luego de un exhaustivo trabajo interdisciplinario, el 12 julio de 2023, fue exhumado un cuerpo en el cementerio central de Mocoa. Durante algo más de seis meses los peritos forenses realizaron los cotejos de rigor para establecer la plena identidad de los restos hallados.
Finalmente, concluyeron que correspondían al hombre que hace 33 años fue llamado ‘Moisés’, que en realidad responde al nombre de Luis Hernando Ojeda García. Con el resultado científico fue posible ubicar a los familiares para comunicarles lo sucedido con su ser querido y programar la entrega del cuerpo. De esta manera, 33 años después de ocurrido el crimen, durante la administración del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se esclarece este caso y se cumple lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
