martes, diciembre 3, 2024
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 judicializados tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en puerto Rondón, Arauca

La fiscalía general de la Nación en Arauca, logró la captura y judicialización de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado residual E-10 Frente Martín Villa, de las disidencias de las Farc.

Los procesados fueron judicializados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso con concierto para delinquir con fines de extorsión.

Se trata de Jerson Joel Montoya Duque, Heidy González Rueda y Eber Méndez Rios, capturados en flagrancia el pasado 25 de enero en actividades de control y registro adelantadas por uniformados de las fuerzas armadas en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, Arauca.

En el procedimiento a los procesados se les incautó el siguiente material de guerra:

Seis fusiles de diferentes marcas (Galil, Bushmaster, AKM y AK47)

Una pistola traumática

Una pistola CZ calibr3 9mm

46 proveedores de diferentes calibres

1048 cartuchos calibre 5.56 mm

239 cartuchos calibre 7.62mm

77 cartuchos calibre 5.56 mm

66 cartuchos calibre 7.62 mm

1191 cartuchos calibre 7.62 mm

Así mismo se les halló material de intendencia consistente en: morrales de campaña, chalecos multipropósitos, cintelas, toldillos, brazaletes alusivos a la Farc, camisetas, pantalones y camisas camufladas, y elementos para comunicaciones como radios y Atenas.

Se presume según los elementos materiales probatorios recolectados por la Fiscalía, que los procesados, al parecer, integran este grupo delincuencial injerencia en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca, quienes presuntamente han realizado ataques contra la población civil, extorsiones, secuestros, homicidios, tráfico de estupefacientes entre otros, desde su conformación en el 2016.

En audiencias preliminares los investigados no aceptaron su responsabilidad en los cargos formulados, y el ente juzgador impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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