“Se hace imperativo que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo debido al paro armado que tiene afectados a los moradores de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El llamado lo hace el Defensor porque los Comandos Bolivarianos de la Frontera (grupo de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc y cuyo comandante es ‘Iván Márquez’) y el frente Carolina Ramírez (del Estado Mayor Central, también disidente de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’) se están disputando el control territorial y social en varias zonas de los dos departamentos, razón por la que decretaron una restricción a la movilidad desde el pasado 20 de enero en los ríos Orteguaza y Caquetá y áreas aledañas. La situación provocó el cese de operaciones en el transporte de pasajeros, de carga y de cualquier tipo de tránsito fluvial.
Mandatarios locales hablan de un inminente enfrentamiento armado, con interposición de la población civil, lo que podría derivar en homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos e individuales, aparte del confinamiento que ya fue generado.
“A todas luces, estamos ante la vulneración de derechos fundamentales, como a la vida y a la integridad de las personas, a la libre movilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, al acceso a la alimentación, entre otros. El día a día de las comunidades está paralizado. De manera que urge la superación de la grave situación humanitaria que hoy padecen las comunidades”, señaló Carlos Camargo Assis.
Acciones defensoriales para la garantía de derechos
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo participaron recientemente en un consejo extraordinario de seguridad, que días atrás había sido solicitado por su Regional Caquetá; allí llamaron la atención de los entes y autoridades nacionales, departamentales y locales.
En el espacio solicitaron, particularmente, la apertura de un corredor humanitario que permitiera el abastecimiento de los municipios y sus zonas rurales afectados, pues el confinamiento en el que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas comienza a generar afectaciones a su salud.
El corredor humanitario ya fue habilitado y en este momento es acompañado por servidores públicos de la entidad garante de los derechos humanos en el país, además de otros representantes de organismos nacionales e internacionales.
“La situación de orden público, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debe ser conjurada lo más pronto posible para que sean restablecidos los derechos de quienes en este momento pasan afugias por cuenta del accionar indiscriminado de las disidencias de las Farc y la notable ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado”, puntualizó Camargo Assis.
