Según la Agencia de Renovación del Territorio, este mecanismo logró en el primer año del actual Gobierno una inversión de $1.1 billones, beneficiando a 170 municipios con 157 proyectos y 108 empresas vinculadas.
¿Qué tienen en común los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, en Arauca, con Pradera, en el Valle, o con Puerto Gaitán, en el Meta?
Que sus habitantes han sido beneficiados por el mecanismo de Obras por Impuestos que, más que un incentivo tributario, es una modalidad de pago del impuesto de renta a cargo del sector privado, que tanto los empresarios como el gobierno consideran ha cumplido con sus propósitos.
De hecho, a finales del año pasado el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), encabezado por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, aprobó un billón de pesos para este esquema, el mayor cupo para el mecanismo de Obras por Impuestos desde su implementación en 2018.
Durante el primer año del actual Gobierno, este mecanismo, coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio, ART, logró una inversión de $1.1 billones, beneficiando a 170 municipios con 157 proyectos y 108 empresas vinculadas.
En la práctica, el esquema permite que el sector empresarial pague hasta el 50% del impuesto de renta en proyectos de inversión en municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más afectadas por el Conflicto).
Según el saliente director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, desde la perspectiva de los empresarios, el mecanismo ha sido exitoso porque contribuye a mejorar su imagen institucional, y les permite crear un ambiente amable con las comunidades.
“Aunque para la empresa sea más sencillo hacer un giro y consignarle los impuestos a la Dian, prefieren ejecutar obras a pesar de los costos que ello implica. Esta decisión se toma porque la empresa valora otras dimensiones, de naturaleza reputacional, que van más allá de los aspectos puramente financieros”, ha explicado el ex funcionario.
Un ejemplo palpable del beneficio reputacional que obtienen los privados es el del sector petrolero, que está enfrentando enormes retos por cuenta de la transición energética.
Tal es el caso de Parex, la segunda petrolera más grande del país por ingresos ($5,5 billones) y utilidades ($2,5 billones) en 2022. A finales del año pasado, anunció un pago a través del programa obras por impuestos que será destinado a dotar con maquinaria amarilla a los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.
Todas estas ciudades forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Además, se hará entrega de parte de esos recursos para la capital Arauca, que forma parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac). El total de recursos es de $84.640 millones.
Otro ejemplo en el mismo sector es el de Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) y Oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC), empresas del segmento de transporte del Grupo Ecopetrol, liderado por Cenit.
Mediante el esquema, estas compañías han promovido el desarrollo de los municipios de influencia directa de su operación con la entrega de casi 20.000 elementos de dotación a Centros de Desarrollo Infantil del ICBF del Casanare, en 2021, y la entrega de casi 17.000 equipos de última tecnología a sedes educativas del mismo departamento, entre 2022 y 2023, beneficiando a más de 24.500 personas.
“El mecanismo de Obras por Impuestos reafirma nuestro propósito de ser un corredor de bienestar para nuestras zonas de influencia, además de impulsarnos a ser un socio activo en el desarrollo sostenible de los territorios, en estrecha colaboración con las comunidades y el gobierno”, explica Alejandro Pinzón, presidente de ODL I OBC.
Un caso más es el de Celsia, la filial del Grupo Argos, que el año pasado renovó 37 sedes educativas del municipio de Pradera, en el Valle. En total fueron 6.688 elementos entregados, con los que se beneficiaron 7.406 estudiantes y 312 docentes de 37 sedes de 6 instituciones educativas.
Según la Agencia de Renovación del Territorio, Celsia es el segundo contribuyente del país más grande de obras por impuestos y tiene, entre ejecutados y aprobados, 28 proyectos, entre educativos, viales, de inclusión social y uno de adaptación al cambio climático, que sumados alcanzan los $226.000 millones, con los que se han favorecido 286.000 personas en 5 departamentos (Tolima, Antioquia, Sucre, Valle del Cauca y Cauca).
EL BALANCE DEL MECANISMO
Entre el 2018 y el año pasado, fueron aprobados 297 proyectos por $2.1 billones beneficiando a 238 municipios y vinculando a 160 empresas. Los sectores con mayor inversión son infraestructura, transporte, educación, vivienda, ciudad y territorio, y energía.
Para 2024, el Confis dejó abierta la posibilidad de ampliar el cupo de un billón de pesos con el propósito de impulsar proyectos que aceleren la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, priorizando proyectos en: transición energética, vías terciarias e integración digital.
