Ante la falta de claridad de las condiciones jurídicas en las que llegarían colombianos privados de la libertad en Ecuador, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, enfatizó en la necesidad de asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales, así como las normativas internacionales vigentes.
“Frente al anuncio del gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de nacionales condenados en ese país, hago un llamado al gobierno de Colombia y en particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su situación jurídica”, señaló Camargo Assis.
Esta entidad protectora de derechos humanos advierte sobre el impacto que pueda generar esta expulsión, especialmente en la zona de frontera.
Por esta razón el Defensor del Pueblo añadió que, “es necesario que se establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el vecino País”.
Actualmente en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas y un hacinamiento del 24.3%.
