La Defensoría del Pueblo, a través del Observatorio de Conflictividad Social, registró un total de 34 eventos de conflictos sociales, en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de septiembre. Se identificó que, la mayoría de ellos, se dieron para exigir la garantía de los derechos a la educación, a la vida, la libertad, integridad y seguridad, así como para el mejoramiento de las condiciones laborales.
La mayor parte de estos eventos se presentaron en Bogotá y en 22 municipios de trece departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, donde las comunidades se manifestaron a través de bloqueos o cortes de ruta, plantones, concentraciones, marchas, movilizaciones, paros cívicos, cese de actividades y motines.
El Observatorio de Conflictividad Social advierte posibles escalamientos del conflicto en Manaure (La Guajira), donde transportadores escolares se manifestaron por la falta de pago por parte del departamento y en San Roque (Antioquia), donde habitantes del municipio se manifestaron en contra de las autoridades nacionales y regionales por la falta de formalización y titulación de las comunidades mineras.
Las actuaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), con el apoyo de las Defensorías Regionales, participó en diferentes mesas de diálogo para ejercer la mediación, servir de garante de derechos y hacer seguimiento a las diferentes situaciones de conflictividad.
Se destacan las intervenciones realizadas en Bogotá, donde participó del diálogo entre la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y la Asociación de Víctimas de Risaralda. La entidad también actuó como moderadora en la tercera sesión para el cierre de la décima Comisión de Seguimiento de los acuerdos suscritos en el marco del primer Paro Cívico de Buenaventura.
Así mismo, la Regional Bolívar participó en una mesa de trabajo relacionada con la problemática de la zona industrial de Mamonal por la vulneración de derechos en la contratación de mano de obra, y al mismo tiempo ejerció su rol de mediadora en un diálogo social por la falta del servicio de gas.
Por su parte, la Delegada para los DESC y la Regional Cundinamarca participaron en el diálogo entre entidades nacionales y la población de Guayabetal y Pipiral, que permitieron levantar el bloqueo o corte de ruta que se desarrollaba por las afectaciones que sufre la comunidad por los constantes cierres de la vía al llano.
Recomendaciones de la entidad garante de Derechos Humanos
Se considera importante prestar atención a las conflictividades que se vienen presentando en Barrancabermeja (Santander), Arauquita (Arauca) y Bucaramanga (Santander), donde se han anunciado cierres de vía (bloqueos) y manifestaciones por los derechos a la educación, al trabajo digno y al derecho a la vida y a la tranquilidad.
De igual manera, la Defensoría hace un llamado a las diferentes autoridades territoriales y entes de control para que lleven a cabo un seguimiento especial a las diferentes marchas y movilizaciones que se desarrollan este miércoles 27 de septiembre, con el fin de que no se registren afectaciones a los derechos de terceros que no participan de esas expresiones ciudadanas y se prevengan posibles acciones de violencia o de alteraciones del orden público.
La protesta, manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, pero que es necesario señalar que debe ser ejercido de manera libre, autónoma y voluntaria en el marco de la democracia y el derecho a la participación.
Durante las marchas y movilizaciones sociales convocadas, la Institución Nacional de Derechos Humanos acompañará, por medio de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y las 42 defensorías regionales, los eventos que se lleven a cabo en las diferentes regiones del país. De igual modo, la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social recopilará la información que permita advertir por posible escalamiento a situaciones de violencia y a activar los escenarios de diálogo con las autoridades competentes y los manifestantes o participantes de las movilizaciones y con la sociedad civil.
