“El hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI)) es una bomba de tiempo”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante una visita a la estación de policía La Permanente de Valledupar, donde se refirió a la grave problemática que afrontan los privados de la libertad por cuenta de las vulneraciones y falta de garantías de derechos en estos lugares de detención, lo cual ya ha generado problemas de orden público afectando a las comunidades aledañas.
La Defensoría del Pueblo ha evidenciado graves casos que muestran la situación. En mayo se presentó un motín en la estación de Policía La Permanente de Valledupar (Cesar), que dejó un saldo de 35 heridos y quedó en evidencia el riesgo para los vecinos. En Bogotá se presentó, el mes pasado, una fuga de 34 detenidos en la estación de Teusaquillo, allí resultaron heridos un policía y un detenido. Esta semana, 6 privados de la libertad se escaparon por un hueco que cavaron en una de las paredes de la estación de policía de Sahagún, Córdoba. Casos como estos ocurren frecuentemente en el país.
“El principal problema es el hacinamiento que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales como la alimentación y la salud de los privados de la libertad, eso genera que los detenidos tengan comportamientos agresivos. Por meses hemos registrado que las estaciones de policía y las URI no reúnen las condiciones para una vida en reclusión y existen altos niveles de hacinamiento que como en el caso de la Estación de Policía El Terron en Cali supera el 4000%”, destacó, Carlos Camargo Assis.
En el escalafón, Maicao (La Guajira) ocupa el segundo lugar con un 3480% de sobrepoblación; le siguen la estación de Piedecuesta (Santander), con 2950% de hacinamiento; San José en Barranquilla (2833%); Junín en Cali (2550%); La Hormiga Putumayo (2350%); El Lido en Cali (2240%), CAI Aguaclara en Tuluá (2060%), Sultana en Cali (1950%) y Mariano en Cali (1940%).
En el departamento del Cesar las estaciones de Policía más hacinadas son la estación de Becerril con 1450% de sobre población, seguido de Gamarra (1000%); Aguachica (827%) y La Permanente en Valledupar con (614%); la cual duplica el promedio de hacinamiento (309%) en los CDT en este departamento.
“Ese hacinamiento y las malas condiciones son una bomba de tiempo, porque generan riesgos de amotinamiento, fugas e, incluso, homicidios. Es decir, estamos ad portas de una tragedia en la que también se vería afectado el orden público y la seguridad de residentes aledaños a los CDT, ya que estos sitios están ubicados en zonas residenciales”, destacó el Defensor del Pueblo al dar a conocer los datos.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en que los centros de detención transitoria no están diseñados estructuralmente para albergar personas privadas de la libertad por tiempo superior a 36 horas, pero, en las estaciones de Policía y en las URI algunos privados de la libertad están recluidos por meses, incluso, allí permanecen personas condenadas que deberían resarcir su pena en centros de reclusión.
Otras irregularidades
La Defensoría del Pueblo, en sus constantes visitas, ha evidenciado varias irregularidades relacionadas con la custodia de los privados de la libertad. La vigilancia está a cargo de miembros de la Policía Nacional quienes no tienen entre sus funciones misionales de guardia y custodia y no están entrenados para este tipo de tareas. Ellos también corren riesgos a su integridad física y la vida.
“Todas estas irregularidades son los ingredientes propicios para que se presente una grave crisis, por eso hago un llamado a la institucionalidad para que actúe de inmediato y se tomen medidas urgentes para deshacinar estos lugares”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo viene desarrollando una estrategia para aportar en este objetivo, a través de brigadas integrales de atención en los Centros de Detención Transitorios. Es una estrategia articulada entre diferentes delegadas y direcciones y las 42 regionales, con apoyo de los entes territoriales y entidades nacionales como INPEC y Policía Nacional.
Dichas brigadas estás dirigidas a brindar servicios de salud y odontología, asistencia jurídica, atención y trámite de quejas y charlas en promoción y divulgación de DD.HH. Además, se logra concretar traslados a cárceles y penitenciarias para PPL con situación especial de reclusión, entre ellos, altos perfiles criminales, enfermedades graves, madres gestantes y adultos mayores, con el propósito de deshacinar parcialmente estos lugares.
