El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad por vencimiento de términos del destituido gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, quien tiene procesos en su contra por corrupción y nexos con la guerrilla del Eln.
En el proceso por el que se ordenó su libertad la Fiscalía le imputó los delitos de
concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
En la imputación la Fiscalía señaló que entre los años 2012 a 2021 el Eln «permeó la administración departamental y local alcanzando niveles administrativos y la
alineación de intereses entre la organización criminal y los gobernadores del
departamento de Arauca, José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado».
El mandatario fue capturado el 20 de octubre de 2021 y el 8 de noviembre se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Luego, el 18 de febrero de 2022 se radicó el escrito de acusación y la audiencia de acusación se hizo el 11 de mayo del año pasado.
No obstante, la defensa del mandatario señaló que a la fecha no ha iniciado el juicio en su contra y han pasado más de 500 días.
La Fiscalía y la Procuraduría no se opusieron a la libertad.
En su fallo el Tribunal de Bogotá señaló que no se detectaron dilaciones de parte de la defensa que afectaran el adecuado desarrollo del juicio y que por tanto lo que procedía era ordenar la libertad del mandatario.
Es de señalar que en abril la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a Castillo Cisneros, por irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar) para la edificación de 240 viviendas de interés prioritario (VIP) en el municipio, un caso que ocurrió durante su primer periodo como gobernador, entre el 2012 y el 2015.
El Ministerio Público informó a través de un comunicado que «el exfuncionario realizó el negocio jurídico en julio con la institución para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para los procesos de convocatoria, asignación de subsidios y operatividad de los proyectos de VIP en diciembre de 2014».
