“El reto de lograr la paz implica un esfuerzo extraordinario para todas las entidades y un decidido esfuerzo presupuestal, que, de forma responsable y organizada, se debe seguir haciendo”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, sobre el seguimiento que la Entidad ha hecho a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
La Defensoría del Pueblo ha podido identificar algunos cuellos de botella, no obstante, como institución garante de los derechos humanos, continúa dando las recomendaciones necesarias para superarlos y, de esta manera, los comprometidos con el Acuerdo puedan cumplir con lo pactado en materias de seguridad, reparación y acceso a tierras.
“Considero necesario recordar que el Acuerdo Final de Paz es una obligación del Estado y un compromiso de todas las partes. El nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no se puede concluir que hay una ausencia de voluntad en su puesta en marcha, con menor razón, si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años”, aseguró el Defensor del Pueblo.
En lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a corte de octubre del año anterior, fue reportado un 40% de iniciativas con rutas de implementación activadas. En relación con el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, la Defensoría del Pueblo observa que se mantuvo la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias.
En su más reciente informe de seguimiento al Acuerdo, la Defensoría concluyó que, en el periodo julio-diciembre de 2022, se evidenció un fenómeno de ralentización en su implementación. Sobre el catastro multipropósito, un tema no menos importante, no se conoce el porcentaje de avance a diciembre pasado.
“Sabemos de la magnitud que implica la reparación integral y la adjudicación de tierras, aunque es necesario aclarar que el Acuerdo no habla de comprar 3 millones de hectáreas, sino de hacer un fondo con tierras que en parte pueden provenir de baldíos del Estado. Hemos visto que la principal barrera para el cumplimiento de esas obligaciones estatales está en la falta de coordinación, en la ausencia del diseño de planes concretos y en la identificación de las fuentes de recursos”, afirmó el Defensor del Pueblo.
“La meta de la paz no es inalcanzable, requiere de estrategias propositivas y novedosas. Cualquiera sea la salida, debe partir del respeto a la Constitución, al equilibrio de poderes y a la responsabilidad fiscal y económica para que sea una paz sostenible y acorde con nuestra institucionalidad”, enfatizó Carlos Camargo Assis, quien envió su apoyo y solidaridad a todas las víctimas.
Además, el Defensor del Pueblo agregó que “no se puede pensar en dejar de construir sobre lo construido. El Estado colombiano, en los últimos años, consolidó un importante proceso de planeación y, dado que ha habido más avances en unos aspectos que en otros, se requiere acelerar en la implementación de todos los puntos del acuerdo”.
La Defensoría del Pueblo seguirá haciéndole monitoreo a todos los esfuerzos que conduzcan al cumplimiento estricto del Acuerdo, al tiempo que acompañará y evaluará las acciones del Estado y de las organizaciones comprometidas.
“En la apuesta del Gobierno Nacional por alcanzar una paz total resulta fundamental cumplir con la implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc, dado que esto permitirá una mayor persuasión de los grupos armados ilegales que hoy podrían acogerse al proceso impulsado por el Gobierno, y lograr la consolidación del anhelo de paz que tenemos los colombianos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
