Luego de valorar el material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez
de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro
carcelario contra Eliecer Rodríguez Reinoso, un exintegrante del Ejército Nacional que habría
abusado sexualmente de una niña indígena de 13 años en Guaviare, en 2016.
Esta persona, soldado regular para la fecha de los hechos, presuntamente abordó a la menor
de edad que, en compañía de una compañera del colegio, se bañaba en el caño Refugio, en la
vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. Al parecer, luego de presentarse
con otro nombre y dialogar con ella, la agredió sexualmente.
La víctima, perteneciente a la etnia Sikuani, se abstuvo de revelar lo sucedido durante tres
años.
Finalmente, a finales de 2019 decidió contarles a algunos familiares, y ampliar su versión
ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Desde entonces, a través de una metodología de enfoque diferencial, la Fiscalía verificó las
versiones entregadas por la niña y su amiga, y encontró absoluta coincidencia en los relatos.
De esta manera, se pusieron en marcha diversas actividades de policía judicial para establecer
la identidad real del señalado abusador, pues usaba el nombre de Cristian. Luego de acreditar
que sería el hoy procesado, se obtuvo la respectiva orden de captura, que fue materializada
por personal del CTI en Bogotá.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos le imputó a Eliecer Rodríguez Reinoso el delito de acceso carnal abusivo con menor
de 14 años.
El cargo no fue aceptado por el procesado.
Archivo de investigación
De otra parte, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación por el supuesto abuso
sexual a una niña indígena en Guaviare por parte de un militar estadounidense.
Testimonios, abundante documentación y otros elementos de prueba obtenidos por una fiscal
de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que el
caso no ocurrió. Asimismo, no hay evidencia que soporte la existencia de la víctima y de su
estado de embarazo, como fue informado públicamente.
