La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, conocida como la Fiscalía de dicha jurisdicción, lanzó fuertes advertencias al Gobierno de Gustavo Petro sobre el cuidado que debe tener en sus intenciones de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Para dicha Unidad, que se dedica a investigar a los comparecientes que no aceptan sus responsabilidades en la JEP, es claro que hay seis frentes posiblemente saboteadores dentro de las filas de esa guerrilla, a los que hay que ponerles mayor atención si se quiere llegar a un acuerdo, puesto que la historia demuestra algunos incumplimientos por parte de ellos, publicó el diario El Tiempo.
La advertencia está contenida en el informe llamado «Pavimentando el camino hacia la paz total», conocido por El Tiempo. El texto, de 36 páginas, detalla los pormenores de los frentes en cuestión: Frente Camilo Torres, el Frente Che Guevara, el Frente José Antonio Galán, el Frente Manuel Hernández ‘El Boche’, el Frente Resistencia Cimarrón y el Frente Domingo Laín.
Según la UIA, la recomendación se basa específicamente en que estos son los llamados saboteadores o ‘spoilers’, que suelen buscar todas las herramientas posibles con tal de no sumarse a las salidas políticas y pacíficas.
«Al inicio pueden propiciar rompimientos prematuros en la mesa de conversaciones, y en las etapas finales pueden persuadir y chantajear a una proporción significativa de las combatientes para que no se desmovilicen y decidan continuar en la ilegalidad armada», se lee en el informe confidencial que ya fue enviado a Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
El espejo más reciente de lo que se quiere evitar es el de las disidencias de las Farc como la de ‘Jhon Mechas’, la cual no se acogió a lo firmado en La Habana. Con la idea de que algo similar no se presente esta vez, la UIA también hizo recomendaciones a nivel de un completo cese al fuego multilateral.
Y es que uno de los riesgos que resaltan en estas mesas de diálogo va dirigido a que a diferencia de las extintas Farc, el Eln se ha caracterizado por sus problemas de cohesión a nivel territorial, aunque gran parte de sus integrantes se dejan guiar por la vocería que tienen los altos mandos de la Dirección General y del Comando central (Coce).
Con este escenario, la Fiscalía de la JEP utilizó varias herramientas para armar un indicador de riesgo de subordinación con el que se depuraron seis frentes en especial, que presentan «un historial de incumplimientos a los ceses unilaterales al fuego, una desideologización de la base guerrillera y de los mandos medios, problemas de disciplina interna y una dependencia financiera a los recursos de la coca o la minería ilegal de oro», dice el informe.
A esas conclusiones se llegó tras realizar entrevistas a desmovilizados del Eln, analizar alertas de la Defensoría del Pueblo, comunicados de la guerrilla y hasta el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU.
Ahora, las zonas en las que delinquen estos ‘potenciales’ saboteadores están ubicadas principalmente en el nororiente y suroccidente colombiano.
Por ejemplo, el Frente Che Guevara, comandado por alias Jerónimo, opera en Buenaventura y municipios de Chocó. De acuerdo a la investigación de la UIA, el riesgo sobre este grupo es que sus inclinaciones están más por el lado de la extorsión y el narcotráfico, que por la formación ideológica que los lleve a acogerse a una negociación.
Esas rentas ilegales también son comunes en el Frente Camilo Torres, cuyo cabecilla es ‘Alexander’. Esta estructura ha llegado a aliarse, según el informe, con el Cartel de Sinaloa, y ha puesto a algunos de sus integrantes como «mercenarios» y «soldados a sueldo». Mientras que el Frente Manuel Hernández ‘El Boche’, con presencia en Antioquia y Chocó, y que recibe órdenes de alias Colacho, tiene antecedentes de tres incumplimientos a su palabra.
Con esas características también aparece el Frente José Antonio Galán, con fuerte presencia en Antioquia; el Frente Resistencia Cimarrón, comandado por alias Mateo; y el Frente Domingo Laín, con injerencia en Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
Las tropas de ‘Mateo’ se distinguen porque cometen actos que van desde imponer toques de queda y cerrar bares, hasta organizar atentados como el de la Escuela General Santander en Bogotá, que dejó varios uniformados muertos.
Panorama más reciente…
En la actualidad, la UIA tiene documentados que entre 2021 y 2022 la guerrilla del Eln ha arribado hasta 186 municipios, de los cuales 125 han sido víctimas de ataques violentos en contra de la población civil, mientras que 87 de ellos son enclaves importantes para la producción de coca o la minería ilegal de oro.
Además, en lo corrido de este año, el Eln ha tenido 21 enfrentamientos con el Estado, y 22 hostigamientos a la Fuerza Pública. Eso sin contar las 10 emboscadas y el ataque sicarial que cometieron en el marco del ‘plan pistola’ que instaló el ‘clan del Golfo’.
Según el informe, «esto equivale a un ataque violento contra la Fuerza Pública cada semana, lo que muestra su relativo poder bélico y su capacidad para afectar el orden público». Ese poder es el que precisamente advierte la Fiscalía de la JEP como un factor que obliga a buscar una salida negociada al conflicto con esa guerrilla.
Los incumplimientos…
Entre 2017 y 2022, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP contabilizó ocho incumplimientos al interior del Eln, que deben tener claros los negociadores de las mesas de diálogo qxue completan dos semanas.
El primero fue entre octubre de 2017 y enero de 2018, cuando a la par de las intenciones del expresidente Juan Manuel Santos de dialogar con la guerrilla, hubo 26 afectaciones, entre ellas dos masacres y cuatro desapariciones forzadas.
El segundo se dio para las elecciones de marzo de 2018, la idea era mostrar respeto hacia la ciudadanía, sin embargo ese fin de semana hubo amenazas y enfrentamientos que hostigaron a la población. Así se registraron otros incumplimientos hasta el más reciente, con fecha del 25 de mayo al 3 de junio de 2022, cuando en las elecciones presidenciales hablaron del cese al fuego pero confinaron y secuestraron gente.
De hecho, entre agosto y noviembre de este año, la UIA registró que uno de cada tres enfrentamientos armados entre organizaciones al margen de la ley tuvo la participación directa del Eln.
«Estas realidades muestran las dificultades que tendría el Eln para comprometerse a un ‘cese al fuego’ como manifestación de su voluntad de paz, y pone en una encrucijada al gobierno nacional, ya que de forma simultánea en varios municipios de siete departamentos se libra una guerra intensa por el territorio», se lee en el texto.
Por eso, para la Fiscalía de la JEP no solo es necesario valorar el riesgo de saboteo de estos frentes -que representan el 15 por ciento del Eln-, sino también que en las mesas de diálogo el Gobierno y los delegados de la guerrilla tengan en cuenta a los posibles saboteadores, «para prevenir que en el futuro realicen acciones que puedan generar un impacto negativo en la población civil y la opinión pública, ocasionando una desgaste innecesario en términos de legitimidad y de confianza en el proceso».
Por otro lado, para Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, si se va a pactar un cese bilateral, tiene que haber coordinación entre los negociadores y los militares que tienen experiencia en terreno: «Se debe involucrar a autoridades de cada territorio porque son las que pueden verificar el cumplimiento de lo acordado», concluyó.
El Tiempo
