La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 026 de 2022 en la que se advierte el riesgo por las posibles vulneraciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Toledo, en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad determinó que existe alto riesgo de vulneraciones de los derechos a la vida e integridad de líderes sociales, ambientales y comunales y personas defensoras de derechos humanos, docentes, funcionarios públicos, población migrante, autoridades tradicionales del pueblo U’wa. En particular la alerta advierte del riesgo latente ante el reclutamiento forzado en contra de niñas, niños y adolescentes de la región.
Durante 2022 la Defensoría del Pueblo ha identificado un caso colectivo y cuatro casos individuales de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Toledo, todos ocurridos en la zona rural del municipio.
La Alerta Temprana 026-2022 se emitió ante los riesgos derivados de la incidencia en la región de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. Estos dos grupos buscan establecer el control mediante amenazas, homicidios selectivos, masacres, desplazamiento, entre otras acciones de intimidación o vulneración de derechos.
“Emitimos esta nueva Alerta Temprana ante el alto riesgo de vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en esta comunidad fronteriza. Les reitero a estos grupos armados ilegales detener sus acciones contra la población civil y aprovechar la oportunidad de diálogo que les brinda el Gobierno Nacional”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Ante el riesgo la Defensoría del Pueblo hizo 19 recomendaciones a entidades nacionales, regionales y locales para que se garanticen los derechos de la población civil. “Hemos solicitado se adopten medidas de prevención, protección y disuasión. De manera particular, al Ministerio del Interior le recomendamos asesorar técnicamente al municipio de Toledo y actualizar el Plan Integral de Prevención a violaciones de derechos humanos, además de adelantar una mesa para que los cabildos U’wa puedan manifestar sus preocupaciones”, agregó el Defensor del Pueblo.
En otra recomendación se solicita a la Unidad Nacional de Protección realizar estudios de riesgo y las acciones de protección necesarias a los miembros de Juntas de Acción Comunal y líderes ambientales que se encuentren en riesgo en el municipio. Finalmente, le solicitó a la Fuerza Pública realizar acciones preventivas en materia de protección de la integridad en este municipio.
