Varias polémicas rodean a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por estos días.
Al asesinato de un diputado en Arauca que andaba sin escolta, se suma la solicitud de la Procuraduría General a esta entidad sobre la entrega un informe detallado de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales amenazados.
Luego de que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) diera a conocer el asesinato del diputado del Arauca y militante del Partido Liberal, Carlos Alberto Hernández Sánchez, se conoció que la víctima transitaba sin la escolta asignada por la UNP luego de recibir fuertes amenazas de muerte puesto que presuntamente.
Ante esto su copartidario, Miguel Ángel Pinto, escribió en su cuenta de Twitter: “Rechazo el vil asesinato de nuestro diputado de Arauca, Carlos Hernández, del Partido Liberal, en manos de grupos armados. Informan que están amenazados todos los liberales.
Exigimos al ministerio del Interior y a la Fiscalía General se aclaren estos hechos lo más pronto posible”.
El director de la UNP, Alfonso Campo, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter lamentó la situación y confirmó que en el momento del ataque Hernández no tenía su esquema de seguridad.
“El diputado Hernández tenía asignado un robusto esquema de protección UNP vigente, que, según informes preliminares, no lo acompañaba al momento del atentado por decisión propia”, manifestó el alto funcionario.
La Policía Nacional y la gobernación del departamento de Arauca ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien dé información de los responsables de este homicidio.
«Hoy le pedimos a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que se active un nuevo estudio de riesgo para los integrantes de la Asamblea», declaró Indira Luz Barrios la gobernadora encargada de Arauca.
Extraoficialmente se indicó que el diputado, que tiene un esquema de seguridad de la UNP, les había dado el día libre a sus escoltas. En ll territorio visitado por Hernández actúan las fuerzas del Eln y el frente 10 Martín Villa.
Polémica por decreto
Del mismo modo causó controversia un decreto firmado por el presidente Iván Duque que deja de manera permanente en los programas de prevención y protección a varios miembros de su gabinete y algunos personajes que quedarán bajo la responsabilidad de la UNP.
Aunque esta medida la toman casi todos los mandatarios salientes, lo particular del Decreto 1064 de 2022, es que quedarán cobijados nuevas personas, justificando sus funciones públicas, además, se le asignan estos esquemas de forma permanente; solamente 4 años después se les evaluará si aún están en condición, o no de seguir bajo las medidas de protección estatal.
Solicitud
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar, en un plazo no mayor a 10 días, un informe detallado sobre la situación de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales amenazados.
Esta petición se fundamenta en las múltiples quejas recibidas durante los encuentros que ha sostenido el Ministerio Público con esta población vulnerable, las cuales están relacionadas con posibles riesgos de seguridad generados por el mal estado, las demoras en la entrega y mantenimiento de los vehículos asignados dentro del programa de protección.
Entre los requerimientos plasmados en la comunicación enviada al director de la UNP, Alfonso Campo, están las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso y el costo promedio anual.
El Ministerio Público también pidió los nombres de las empresas privadas subcontratadas para el suministro de vehículos y la identidad de sus representantes legales; el número de accidentes reportados por fallas técnicas en estos carros; las solicitudes de cambio de vehículo registradas, atendidas, rechazadas, y el tiempo que se tardan los reemplazos y las reparaciones de estos, entre otros datos relevantes.
Frente a esta y otras problemáticas, la Procuradora Margarita Cabello Blanco ratificó su compromiso con la garantía y protección de líderes y lideresas sociales y enfatizó en que “como Ministerio Público no podemos permitir que ningún líder social sea afectado en el ejercicio legal y legítimo de defender su comunidad”.
