El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha comunicado en su último informe que se ha intensificado la violencia en las regiones colombianas de Arauca, Chocó y Putumayo, pese a los «esfuerzos» de las instituciones gubernamentales y estatales.
«Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró el desplazamiento forzado de 13.821 personas y el confinamiento de 48.331. Tan solo en el departamento de Chocó han sido confinadas más de 42.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y afrocolombianas», ha informado.
Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha contabilizado 25 asesinatos a gran escala, de los cuales cuatro han sido verificados, que han dejado al menos doce víctimas.
Durante este período, once exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados –todos hombres, uno de ellos indígena y otro afrocolombiano–, y un excombatiente fue dado por desaparecido en la región de Arauca, según el último informe de Naciones Unidas.
Con ello, desde la firma del acuerdo de paz en Colombia han sido asesinados 315 excombatientes, incluidas diez mujeres. Además, 89 excombatientes han sido víctimas de intentos de homicidio, mientras que 27 han sido dados por desaparecidos.
«Solo será posible contrarrestar eficazmente la inseguridad mediante el despliegue integrado de las capacidades del Estado para defender los derechos de los ciudadanos y garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales», ha señalado.
Por ello, ha pedido «la plena implementación» de las disposiciones del Acuerdo Final , ya que, de otra forma, los avances logrados «seguirán siendo vulnerables».
Según los datos del informe, más de 13.000 excombatientes –de los que el 23 por ciento son mujeres– prosiguen con su reincorporación política, social y económica a la vida civil.
«Para ello, se debe poner mayor énfasis en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en regiones caracterizadas por la pobreza, las economías ilícitas y un ineficaz control territorial por parte de las autoridades estatales», ha dicho el organismo.
En este sentido, el informe asegura que «el éxito a largo plazo del proceso de paz» en Colombia depende «del fortalecimiento de la confianza entre las partes, así como entre los ciudadanos y las instituciones a través de su compromiso sostenido y sus esfuerzos coordinados».
De esta manera, el secretario general ha acogido «con beneplácito» los recientes avances en el seno de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. «Espero que esta cumpla rápidamente su tarea más importante, a saber, la adopción e implementación de la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales».
