Representantes de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas han visitado la zona del departamento de Arauca, preocupados por la reanudación del enfrentamiento entre grupos armados que ha causado víctimas y gran sufrimiento especialmente entre la población civil, agravando aún más la crisis humanitaria y social (véase Fides 18/3/2022).
En estos primeros meses del año, la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC ha dejado ya 130 muertos y más de 3.000 desplazados.
La visita, que tuvo lugar el 30 de marzo, contó con la presencia del Obispo de Arauca, Monseñor Jaime Cristóbal Abril González; el Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria; el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia, Mireia Villar Forner; y la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero.
Durante la visita se mantuvieron reuniones con las autoridades locales, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las comunidades y las instituciones afectadas por la violencia, a las que se expresó su solidaridad y participación.
En el comunicado emitido tras la visita, recibido por la Agencia Fides, la delegación subraya la importancia de “promover diálogos asertivos y respetuosos, la necesidad de crear y fortalecer los espacios institucionales para responder a la situación humanitaria y proteger a la población civil”.
Para dar atención y soluciones a estos problemas, “se necesita una institucionalidad fortalecida que oriente los procesos de apoyo a las víctimas y de promoción de oportunidades para todos los araucanos”.
Por último, los representantes de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas reiteraron su compromiso de “seguir trabajando por el mejoramiento de la situación en Arauca”, e hicieron un llamamiento a los grupos armados para que cesen inmediatamente la violencia y respeten el Derecho Internacional Humanitario.
También instaron a las autoridades a garantizar espacios de diálogo y mecanismos efectivos “para la protección de la vida e integridad de quienes viven en el departamento”.
