la situación de orden público en Arauca, donde en todo el año ha habido una guerra por las rutas del narcotráfico entre disidencias de las extintas FARC y la guerrilla del ELN que ha dejado al menos 120 muertos.
En medio de esa violencia, es muy grave que algunos asesinatos puedan quedar en la impunidad por la forma como opera la Fiscalía General al inicio de las investigaciones, pues las funerarias recogen los cuerpos sin ningún tipo de acompañamiento del CTI o la Policía Judicial.
Al parecer es una práctica que se está realizando desde hace varios años.
No es nueva. Lo que nos contaron los pobladores, cuando estuvimos en enero pasado en Arauca, es que es normal que las funerarias realicen el levantamiento de los cuerpos de personas que son asesinadas de manera violenta.
Luis Antonio es el propietario de la Funeraria San Antonio en el municipio de Saravena y lleva más de 30 años en el oficio. Narró en Caracol Radio que cuenta con su vehículo, un ayudante que es su hijo y una bandeja sencilla donde se coloca el cadáver.
“Lo primero es tomar las fotos que se las envío exclusivamente a la Fiscalía para el archivo. En seguida, con el muchacho que me acompaña, se baja la bandeja, se recoge el cuerpo y directo para la morgue. Si se encuentra alguna otra cosa, se echa también”, dijo Luis Antonio quien manifestó que está ‘curtido en el arte’.
Las funerarias de Fortul, Arauquita y Cubará (Boyacá) levantan los cuerpos y los trasladan a la sede de Medicina Legal de Saravena en unos estrictos horarios para preservar sus vidas, debido a la presencia de grupos armados.
La noche está vetada para la Fuerza Pública y los carros fúnebres. Pasó, por ejemplo, con Álvaro Peña Barragán, un presidente de la Junta de Acción Comunal en Saravena. Su cuerpo permaneció casi doce horas abandonado en vía pública.
“Si es muerto a las 5 o 6 de la tarde ya se levanta a las 6 o 7 de la mañana del día siguiente. No se tiene ninguna seguridad para esa hora. Cargo la macheta no más”, indicó Luis Antonio, quien aseguró que muchas veces es la misma Fiscalía la que pide el favor de realizar estas diligencias, pero no recibe ningún pago por ello, porque es más una labor social.
“No hay pago por ninguna entidad. Aquí hay más funerarias que tienen sus pólizas y se las ofrecen a las familias que, de una vez, desean obtener el servicio. Yo ofrezco las mías”, señaló Luis Antonio. Es una situación que pone en duda las investigaciones de la Fiscalía, porque la escena del crimen es fundamental para encontrar a los responsables de estos crímenes.
Explicaba a Caracol Radio el ex vicefiscal general y exprocurador delegado Wilson Alejandro Sánchez, que cuando ocurre un homicidio la Policía Nacional debe acordonar el área para evitar la manipulación de la escena del crimen y posteriormente, la DIJIN o la SIJIN con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
Entonces, si no se cumple con ello y en su lugar aparece un carro fúnebre, Sánchez alerta de pérdida de la cadena de custodia.
“Esa manipulación del cadáver lo que hace es contaminar la escena de los hechos, destruye la evidencia y evita que la investigación sea exitosa porque ninguna evidencia que se vaya a encontrar después va a poder ser admitida en juicio por no ser confiable.
En la práctica, va a ser casi imposible judicializar al responsable”, indicó Sánchez.
Caracol Radio intentó varias veces conocer las declaraciones del comandante de la Policía de Arauca, el coronel Fredy Pérez y de la seccional de la Fiscalía Arauca, pero no fue posible.
En la oficina de prensa de la Policía, nos indicaron que la Fiscalía y Ejército Nacional están diseñando una estrategia para tener una cobertura total empleando todos los medios disponibles para tal fin, pero se desconoce si ya está en marcha.
Explicaron que hay antecedentes de atentados con artefactos explosivos contra la policía judicial que ha ido a atender este tipo de diligencias, lesionando la integridad de los peritos. De hecho, Luis Antonio nos comentó una experiencia.
“Hace poco llegamos a un levantamiento y fue detonada una bomba al paso de ellos. Menos mal no les pasó nada. He pasado por eso unas 10 veces, y no solo es con explosivos, también ataques con armas de fuego”, contó.
Sin embargo, para el exvicefiscal Sánchez, ahora profesor en la Universidad del Rosario, no hay excusa para que la Policía y Fiscalía no cumplir con su labor y podría haber consecuencias penales para estos funcionarios, incluso, para las funerarias.
Manifestó que la Policía no puede rehusarse a hacer la inspección y levantamiento del cadáver ni tampoco ceder ante la presencia de grupos armados y, en caso de amenazas, los uniformados deben solicitar apoyo y refuerzos.
“A los funcionarios les podría caer una sanción disciplinaria por omitir el cumplimiento de sus funciones por parte de la Procuraduría. Además, también les cae una responsabilidad penal por prevaricato por omisión. Ahora, la funeraria respondería por el delito de obstrucción a la justicia”, explicó Sánchez.
Tampoco es muy optimista de que las investigaciones por los crímenes en Arauca, como por ejemplo la masacre de enero pasado o los asesinatos contra líderes sociales, tengan buen término: los 27 cuerpos, en su mayoría, fueron levantados por funerarias.
