El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, viajó a Ciudad de Panamá (Panamá) para liderar, junto con el Procurador General de la Nación de ese país (e), Javier E.
Caraballo Salazar, el ‘Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales para el combate al crimen organizado en el contexto del flujo migratorio irregular continental, extracontinental y caribeño’, en el que se definieron estrategias multilaterales que permitirán fortalecer los lazos de cooperación judicial e impactar a las redes criminales responsables del tráfico de migrantes en la región.
A la reunión en la que se expone el contexto general de la migración irregular y sus posibles implicaciones delictivas asisten, además, los representantes de las fiscalías y los ministerios públicos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
Ante sus homólogos, el Fiscal General insistió en la necesidad de asumir la lucha contra este flagelo trasnacional de manera conjunta y enfrentarlo con determinación para evitar que se consolide en una fuente de sostenimiento de la ilegalidad y deje de auspiciar otros actos delictivos como el concierto para delinquir, la violencia sexual, el homicidio, el hurto, la extorsión, los delitos informáticos, la corrupción estatal y demás conductas que ponen en riesgo la seguridad pública.
“El objetivo de esta apertura, que rápidamente quisiera decir, es que necesitamos todos trabajar de la mano, necesitamos crear mesas de priorización en la lucha contra esa criminalidad, porque hay gente y grupos criminales que están fomentándola, necesitamos evitar que se violen los derechos humanos de estas personas con la acción judicial que nosotros adelantamos”, enfatizó el jefe del ente investigador colombiano en su intervención.
En lo que respecta a Colombia, señaló que el ingreso semanal de, por lo menos, 15.000 extranjeros a la región del Darién, frontera con Panamá, ha profundizado una crisis humanitaria que requiere un trabajo investigativo dinámico y activo para evitar que este fenómeno siga en aumento, y lograr la judicialización efectiva de los responsables.
En contexto
Actualmente, hay 547 procesos activos en la Fiscalía por tráfico de migrantes (344 en indagación, 78 en investigación, 112 en etapa de juicio, 10 en ejecución de penas y en 3 hubo sentencia anticipada).
Tres departamentos del país concentran el 66,73% de los hechos relacionados con este delito (149 ocurrieron en Bogotá, 112 en Nariño y 102 en Antioquia).
Los procesos activos relacionan 353 víctimas de tráfico de migrantes (200 hombres, 126 mujeres y sobre el resto no hay registro. La mayoría de las personas afectadas (173) es de nacionalidad colombiana, lo que representa el 50.44%; y 85 cubanas, que equivalen al 25%.
Estrategias internas
Para mejorar la capacidad de respuesta de la entidad respecto al tráfico de migrantes, la Fiscalía General de la Nación definió jornadas de capacitación para fiscales y personal de policía judicial, en lo que respecta a las adecuaciones del delito, la diferenciación de los intervinientes, y el abordaje y la atención a las víctimas.
De igual forma, serán priorizados los casos de mayor impacto, teniendo en cuenta los bienes jurídicos protegidos y la categorización que le han otorgado otras autoridades. Asimismo, se fortalecerá el trabajo conjunto y de acompañamiento del Nivel Central a las diferentes seccionales; así como la articulación de capacidades con otras entidades.
Al término de la primera parte del encuentro que se extenderá hasta este 31 de agosto, el Procurador General de la Nación de Panamá (e), Javier E. Caraballo Salazar, indicó que la declaración avalada por los nueve países participantes respecto al tema que los convoca “representa el compromiso de todos (…) de asumir una estrategia común en la lucha contra la criminalidad organizada que subyace en los flujos migratorios irregulares que vienen afectando a la región. (…) tener un intercambio de información fluida y cooperación judicial que nos permita llevar a cabo operativos exitosos de manera nacional y multilateral, enfrentando un fenómeno regional, con un esfuerzo regional”.
A su turno, el fiscal Barbosa Delgado agregó que “este es el paso inicial de un proyecto colectivo que va a tener seguimiento en Colombia dentro de un mes y medio, para mostrar cuáles son los resultados que vamos a darle al continente de forma conjunta.
Es una iniciativa valiosa de varios países de la región (…), una gran alianza desde la Rama Judicial, desde las autonomías judiciales de los países, para beneficio de los derechos de los ciudadanos de cada una de nuestras naciones”
