La Contraloría General de la República adelanta dos procesos contra la administración departamental y otros dos contra el municipio de Arauca, informó la entidad durante la rendición de cuentas del primer año de gestión del Contralor Carlos Felipe Córdoba.
En lo relacionado con el departamento, una en las investigaciones es por presuntas situaciones irregulares, relacionadas con el contrato de obra No. 557 del 31 de diciembre 2009, en el que se presume una afectación patrimonial por efectuar el pago de 956 millones 683 mil 581, por concepto de cancelación de las obras de protección del talúd del margen derecho del río Arauca, en el sector conocido como Peralonso, localizado en la vía Arauquita – Saravena.
El segundo hecho se indaga desde hace 8 años, por presunta irregularidad en la ejecución del convenio interadministrativo No. 582 de 2011, que se suscribió con la Empresa de Servicios Públicos de Tame –Caribabare – E.S.P con el objeto la construcción del relleno sanitario regional en el municipio de Tame, departamento de Arauca por 863 millones 582 mil 399 pesos.
En lo que respecta al municipio capital, los procesos también son dos. El primero está relacionado con el contrato de suministro No. 073 del año 2014, que tenía como objeto la dotación de material, equipo, herramientas pedagógicas, implementos e insumos para las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio de Arauca.
El proyecto presenta defectos en el diseño y fabricación al recalentarse el artefacto y no permitir el uso. El valor comprometido es de 1 mil 241 millones 379 mil 296 pesos.
El segundo contrato que sigue en la lupa del ente de control en la capital es el de la puesta en funcionamiento y utilidad de la obra, resultado del Contrato de obra No. 549 de 2011, suscrito entre el municipio de Arauca y Gerardo Ramón Ararat Colmenares, para la construcción y optimización de los pozos y redes del sistema del alcantarillado sanitario, sector barrio Mata de Venado y zonas anexas segunda etapa en el municipio de Arauca, lo que deja en vilo una suma de mil millones de pesos.
Además de los cuatro procesos contras el departamento y el municipio capital, la Contraloría investiga al Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) por sobrecosto de proyectos productivos de los campesinos inscritos en el proyecto S-ARA-007, en el municipio de Tame.
