Pese a la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC, el reclutamiento forzado en Colombia sigue. Según la Procuraduría General, en los últimos años el secuestro y reclutamiento forzado de menores ha aumentado en un 40 %. Entre las principales víctimas están niños indigenas, campesinos y venezolanos que cruzan la frontera.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre este delito, entre enero de 2018 y junio de 2019, se han emitido 63 alertas tempranas que evidencian la subida del reclutamiento. El acecho de las organizaciones armadas contra los niños, niñas y adolescentes se debe principalmente a la intención de engrosar sus filas y ejercer control territorial, pues son funcionales a la guerra y a la vez, los menores son mucho más fáciles de convencer. Sumado a esto, el reclutamiento de menores estaría blindando a las organizaciones terroristas al ser utilizados como anillos de seguridad
El reciente bombardeo contra el cabecilla de las FARC, alias Cucho, en el departamento de Caquetá trajo el debate de vuelta. Justamente, por la operación militar se adelantó una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras la muerte de ocho menores de edad que se encontraban en el campamento de esa guerrilla. Esta acción contra las FARC por parte de la Fuerza Pública causó polémica, no por dar de baja al cabecilla, sino por la muerte de los menores de edad durante la operación militar.
Según algunos analistas, a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Estado colombiano violó algunos principios que regulan la guerra, como el de precaución o proporcionalidad. Sin embargo, otros analistas, uno de ellos el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, afirmó que la operación fue legal y legítima en cuanto los menores de edad que estaban allí -lastimosamente- junto a la estructura guerrillera se convertían en un blanco licito.
«Combatiente es todo aquel que, sin importar su género o edad, participa directamente en las hostilidades. Un civil no es un combatiente y debe ser protegido de los peligros de las operaciones militares, pero si un civil, sin importar su género o su edad, participa en las hostilidades, pierde su calidad y pasa a ser un blanco legítimo», señaló Nieto.
De acuerdo con las estadísticas del Ejército, a lo largo de 2019 las tropas colombianas han recuperado 185 menores de edad que quedan en custodia de las comisarías de familia para que comiencen el proceso de restitución de derechos.
