El pasado martes un líder comunal del municipio de Palmar de Varela, en el sur del Atlántico, recibió dos impactos de bala mientras la atención del país estaba puesta en el partido de la Selección Colombia. Esta realidad es alarmante, ya que la Defensoría del Pueblo registró entre el 1 de enero de 2016 hasta el 27 de febrero de 2018; 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Lamentablemente ser líder social en los territorios donde la guerra terminó y se inició la construcción de la paz, se ha convertido en una sentencia de muerte para estas personas. Pese a que entidades competentes a nivel nacional y regional, han realizado acciones contra esta realidad, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, reveló que no cesa la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos.
El informe de Alerta Temprana de la situación de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia arrojó preocupantes cifras, ya que se informó que desde el 1 de enero de 2016, al 27 de febrero de 2018, fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos fundamentales de los campesinos y ciudadanos.
El informe de Alerta Temprana de la situación de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia arrojó preocupantes cifras, ya que se informó que desde el 1 de enero de 2016, al 27 de febrero de 2018, fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos fundamentales de los campesinos y ciudadanos.
Regiones vulnerables
En este mismo periodo, la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en los departamentos como el Cauca con 75 homicidios, Antioquia en 38, Norte de Santander 17, Nariño 15, Valle del Cauca 15 y Chocó 14.
De acuerdo a las cifras, en el 2016 ocurrieron 134 homicidios; para 2017 fueron 126 y del 1 de enero al 27 de febrero de 2018, otros 22 casos.
“No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”, agregó el Defensor del Pueblo.
Igualmente, una de las cosas que más pone en alerta a la Defensoría es que luego de emitir el informe de Riesgo 010-17, se hayan presentado tres homicidios a personas que hacían parte del grupo poblacional expuesto en situación de riesgo.
Grupos identificados
El seguimiento que hace la Defensoría al tema deja ver que estos homicidios vienen sucediendo bajo tres dinámicas:
-En primer término la expansión del ELN que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros actores armados (Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño).
-Una segunda dinámica está relacionada con la conformación de disidencias de las Farc (Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño).
-Un tercer componente del escenario de riesgo que se describe, es la consolidación de área de dominio de los grupos armados posdesmovilización como: Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo.
Finalmente, el Defensor Negret Mosquera advirtió una especial preocupación por algunos municipios como: Riosucio en el Chocó, Tumaco en Nariño, Tame -Arauca y Corinto en el Cauca; donde hay más de 5 líderes asesinados en cada uno de ellos.
Impunidad
La situación es inquietante, ya que en el país al cerrar la conflictividad armada en Colombia, los defensores de derechos humanos de zonas rurales, se convierten en una ‘piedra’ en el zapato para quienes tienen intereses del control territorial.
La ONG indicó que el presidente Santos, se le reconoce el haberse jugado su capital político por la búsqueda de la paz, pero su deuda con los defensores de derechos humanos y líderes sociales es enorme, ya que en siete años se presentó 532 asesinatos.
