Una comisión de verificación alertó la falta de claridad en las ayudas del Gobierno, incremento de familias en espacios humanitarios, crisis económica por pérdida de cultivos y precaria inversión en salud, educación e infraestructura. Denuncian amenazas.
Luego del paro armado en el Catatumbo, que por cerca de dos semanas paralizó este territorio de Norte de Santander, organizaciones sociales denunciaron varias problemáticas que evidenciarían la falta de respuesta del Estado para atender esta población que, tal parece, no ha logrado reponerse. Así fue constatado por estos movimientos que, entre el 13 y 19 de mayo, convocaron la Misión de Verificación sobre la situación humanitaria de la región para recorrer los municipios más afectados.
La Misión de Verificación, por ejemplo, dice que existe un desconocimiento del Estado sobre el conflicto actual de la región y un abandono del mismo que se refleja, según ellos, en la precaria inversión social, educación e infraestructura. Pero, además, también pusieron de presente una supuesta falta de claridad en las ayudas del Gobierno departamental y su distribución por las alcaldías municipales o entidades encargadas, y un incremento del familias en espacios humanitarios, “pues no hay atención integral y no se han activado rutas efectivas”.
Estas organizaciones, igualmente, explicaron que esta región está viviendo una crisis económica por la pérdida de cultivos y el cierre de rutas para la actividad comercial. Por su parte, las comunidades, que concordaron con las denuncias de las organizaciones, le exigen los grupos armados operantes que los saquen del conflicto, y que cese la militarización en el territorio y la estigmatización sobre el Catatumbo.
“Las comunidades denunciaron los graves impactos por la escasez de alimentos y reclamaron la presencia y atención del Estado, el cual hasta la fecha solo se ha manifestado con pequeñas ayudas humanitarias que no resuelven el problema de fondo”, precisó esta Misión que, por medio de un comunicado, también alertó el número de familias concentradas en los espacios humanitarios: el primero, ubicado en la vereda Miraflores, resguarda 115 familias (450 personas), y el segundo, localizado entre el Alto de Locutama y Los Cedros, ampara por lo menos 100 familias (300 personas).
Horas después de que visitaran varios municipios esta región, la Misión emitió un segundo comunicado alertando hostigamientos registrados ayer, 15 de marzo, en el sector de Mesitas, en Hacarí. La denuncia pone de presente una detonación de dos explosivos a las 12:55 p.m. mientras la Misión recolectaba información de vulneración de derechos de la comunidad. La detonación, según la comunicación, ocurrió a menos de 20 metros de distancia de un colegio en el que se encontraban aproximadamente 46 niños. “Seguido a esto, se escucharon disparos consecutivos con armas de fuego a menos de 100 metros del lugar de concentración, así como la detonación de otros dos explosivos; uno sobre la vía de acceso a la vereda, por la cual se movilizaban dos menores de edad”, dice la Misión que denunció un segundo hostigamiento: a las 3:15 p.m., cuando las organizaciones anunciaron la salida de la región, una supuesta ráfaga se escuchó por medio de cinco minutos y explosiones. Sin embargo, en ambos hostigamientos, la Misión comunició que no hay heridos o víctimas.
A pesar de estos hechos, la Misión de Verificación manifestó que continuarán con el recorrido y le solicitó a los actores armados pronunciarse públicamente por estos hechos y respetar el desarrollo de las actividades. “Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales solidaridad por la región del Catatumbo y velar por la seguridad de esta comisión”, precisó el comunicado.
fuente por elespectador.com
