El nuevo magistrado de la Justicia Especial para la Paz (JEP) Pedro Elías Díaz Romero, vinculado en indagatoria a una investigación por supuestas irregularidades en la recolección de evidencias por el caso Santo Domingo, señaló que espera que la Fiscalía tenga en cuenta las decisiones judiciales que están en firme y que demuestran la transparencia de sus actos.
El magistrado sostuvo que fue vinculado a la investigación en 2015 durante la administración del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, por fraude procesal y falsedad en documento público. “Según los cargos, la comisión de fiscales de Derechos Humanos, peritos y delegados de la Procuraduría adelantamos en forma irregular una diligencia de inspección al caserío Santo Domingo de Arauca el 11 de febrero de 2000, en la que se recogió evidencia material que resultó compatible con el dispositivo clúster utilizado para bombardear a la población civil y que fue parte de la evidencia analizada por el CTI y el FBI, para algunos de los dictámenes periciales que probaron el lanzamiento de la bomba por el helicóptero de la FAC”, señaló Díaz Romero en carta enviada a EL TIEMPO.
Destacó que hay ocho decisiones en procesos judiciales, disciplinarios e internacionales que están en firme y que confirman la veracidad de las pruebas recabadas por su despacho sobre los hechos que rodearon la muerte de 17 personas en ese caserío de Tame, Arauca.
Mencionó que en una primera decisión del 24 de septiembre del 2009, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá condenó a los oficiales de la FAC por esos hechos, fallo confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, y que quedó en firme el 24 de noviembre, cuando la Corte Suprema no accedió a la casación.
Y en un fallo de mayo del 2004, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró al Estado administrativamente responsable por los hechos, por “falla en el servicio”. También lo hizo el Consejo de Estado. Adicionalmente, resaltó, la Corte Constitucional invalidó la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca de 31 de enero de 2011, que condenó a Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, por las muertes y lesiones a los pobladores del caserío.
La investigación por esos hechos también tuvo un capítulo en la Procuraduría que le imputó cargos disciplinarios a la tripulación de la nave de la FAC. Finalmente, recordó el magistrado, está la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2012, que condenó al Estado por la muerte de civiles en ese caso.
por eltiempo.com
