En los últimos días, la escalada de violencia en el departamento de Arauca ha dejado en evidencia los riesgos que enfrentan transportadores y pasajeros que se movilizan hacia el interior del país. En dos semanas se han reportado al menos dos hechos.
Ataques a disparos, atribuidos a grupos guerrilleros, han impactado buses de servicio público y puesto en peligro la vida de conductores y usuarios que utilizan estas rutas de manera cotidiana.
Las acciones armadas, dirigidas contra vehículos de la empresa Flota Sugamuxi y otras unidades que cubren trayectos desde Arauca hacia departamentos como Casanare y Boyacá, han dejado personas heridas y han generado temor entre la población civil, que depende de este servicio para su movilidad, comercio y acceso a servicios básicos, confirmó la empresa de transporte.
Flota Sugamuxi S.A. emitió un comunicado en el que fija su postura oficial ante los hechos. La compañía aseguró que, pese a los ataques “recientes y sistemáticos” contra sus vehículos y personal operativo, no suspenderá sus operaciones.
El servicio que presta es esencial para la conectividad y la economía de la región, por lo que continuarán operando en medio de la crisis.
No obstante, la empresa hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad en las vías. En su pronunciamiento, exigió acciones inmediatas al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte y a la Presidencia de la República, al considerar que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos que transitan por corredores nacionales.
Asimismo, denunció que los ataques con armas de fuego han dejado conductores y pasajeros heridos, calificando estos hechos como una violación directa al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de agresiones contra población civil y contra un servicio considerado esencial.
La compañía también solicitó la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Arauca, proponiendo la instalación de mesas de seguridad urgentes que permitan establecer medidas efectivas para proteger a los usuarios y trabajadores del transporte.
No obviaron en resaltar que la movilidad es un derecho fundamental y aseguró que continuará prestando el servicio, siempre y cuando el Estado cumpla con su obligación constitucional de brindar condiciones de seguridad en las carreteras del país.
