Una declaración inédita del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, reveló que la representante a la Cámara Karen Manrique habría solicitado contratos de esa entidad para que fueran manejados por su pareja sentimental.
El testimonio, entregado ante la Fiscalía y conocido recientemente, se convirtió en una pieza clave dentro del proceso que investiga el saqueo a la entidad.
Según Pinilla, el 14 de diciembre de 2023 sostuvo una breve reunión con la congresista, quien llegó acompañada por un hombre identificado como Gustavo González Ruiz. En ese encuentro, la parlamentaria habría preguntado directamente por un contrato relacionado con obras en el municipio de Saravena.
De acuerdo con la versión del exfuncionario, publicada por la Revista Semana, la congresista fue explícita sobre quién manejaría el proyecto. “Va a salir un contrato para Saravena. Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo”, habría dicho Manrique mientras señalaba al hombre que la acompañaba.
El contrato en el centro del escándalo
El proyecto al que hacía referencia la congresista estaba destinado a la construcción de obras de protección para reducir el riesgo de inundaciones en el río Bojabá, en Saravena. El valor del contrato rondaría los 30.000 millones de pesos.
El testimonio de Pinilla indica que, en ese momento, él respondió que cualquier decisión debía pasar por el entonces director de la entidad, Olmedo López, lo que habría marcado el inicio de una serie de gestiones alrededor de ese proyecto.
Horas después, según el mismo relato, Pinilla recibió una llamada del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien buscaba con urgencia a López para acelerar varios proyectos que estaban pendientes. Entre ellos, el de Saravena.
Reuniones y presiones
El 15 de diciembre de 2023 se habría realizado una reunión en la sede del Ministerio de Hacienda en la que participaron Bonilla, López y la asesora ministerial María Alejandra Benavides. Allí se habría discutido la necesidad de sacar adelante tres contratos específicos, entre ellos el de Saravena.
Según los testimonios recopilados por las autoridades, estos proyectos hacían parte de un conjunto de contratos que, presuntamente, se utilizaban para asegurar apoyos en la Comisión de Crédito Público del Congreso y así evitar que se cayeran créditos de la Nación ante la banca internacional.
En esa misma reunión, de acuerdo con el expediente, Bonilla preguntó quién estaba detrás de la solicitud del proyecto. La respuesta habría sido el nombre de Manrique, lo que, según las declaraciones, generó incomodidad en el ministro, quien pidió que el manejo político se hiciera a través del representante Wadith Manzur, también capturado recientemente por este caso.
Chats, llamadas y reuniones bajo investigación
El expediente que estudia la Corte Suprema de Justicia incluye un amplio volumen de pruebas: chats de WhatsApp y Signal, registros de cámaras de seguridad, agendas oficiales y documentos presupuestales que suman más de 1,4 billones de pesos asignados a la UNGRD.
Entre las evidencias también aparece un cruce de mensajes entre Manrique y Olmedo López en febrero de 2024. En ellos, la congresista le expresó buenos deseos por su regreso a la entidad y solicitó una reunión urgente. La insistencia, que incluyó llamadas y nuevos mensajes, fue interpretada por la Sala de Instrucción como un posible interés en impulsar el contrato en su departamento.
Testigos clave
Las versiones entregadas por Pinilla, López y Benavides coinciden en señalar que los contratos de la UNGRD habrían sido utilizados como mecanismo para asegurar apoyos políticos en el Congreso.
Para la justicia, estos testimonios y las pruebas recopiladas son fundamentales para esclarecer si existió una red que direccionó recursos públicos a intereses particulares, entre ellos, según la declaración de Pinilla, el supuesto intento de la representante Manrique de asegurar un contrato para su pareja.
