La Defensoría del Pueblo lamenta el anuncio de las disidencias agrupadas en el autodenominado EMC de restringir su acceso y el de otros organismos humanitarios a las zonas bajo su influencia. Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad.
Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento.
Restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades.
Asimismo, preocupa a la entidad el intento por deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarias, funcionarios, colaboradores y colaboradoras, quienes, incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana.
Las gestiones defensoriales, de conformidad con nuestro protocolo de actuación humanitaria, son “imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza”.
La Defensoría mantiene su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria.
