La Procuraduria General de la Nacion expidió una nueva directiva orientada a fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres, en el marco de la campaña institucional Paz Electoral.
La medida busca consolidar garantías para la participación femenina en la vida pública y asegurar condiciones de equidad en los procesos democráticos que se desarrollarán en el país.
El documento, firmado por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, establece lineamientos dirigidos a las procuradurías Delegadas, Territoriales y a todos los servidores del Ministerio Público, con el fin de reforzar las acciones de vigilancia y control frente a conductas que vulneren los derechos políticos de las mujeres en escenarios electorales o de representación.
Según la entidad, la erradicación de la violencia política contra las mujeres constituye no solo una obligación legal, sino una condición esencial para proteger su vida, integridad y liderazgo. Además, se considera un elemento clave para preservar la transparencia de los procesos electorales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La directiva ordena la aplicación obligatoria de un enfoque de género e interseccional en el análisis de los casos, reconociendo que este tipo de violencia tiene un carácter estructural. También advierte que sus manifestaciones pueden agravarse por factores como la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la ruralidad o la situación socioeconómica.
Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la habilitación de canales de denuncia a nivel nacional en todas las modalidades, con el propósito de facilitar el acceso de las víctimas a la institucionalidad. Asimismo, se establece el trámite preferente de las quejas relacionadas con violencia política, con el fin de garantizar respuestas oportunas y efectivas.
La Procuraduría también dispondrá de asesoría psicojurídica integral para las mujeres afectadas, así como mecanismos de articulación interinstitucional que permitan coordinar acciones con otras entidades del Estado encargadas de la protección de derechos, la investigación de delitos y la garantía de participación política en condiciones de seguridad.
Adicionalmente, el Ministerio Público ejercerá vigilancia sobre el cumplimiento de los protocolos de prevención y atención en corporaciones públicas y entidades estatales, promoviendo entornos libres de discriminación y de prácticas que limiten el ejercicio del liderazgo femenino en espacios de decisión.
La directiva señala que las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas se adelantarán con especial diligencia cuando incurran en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres, reafirmando el compromiso institucional con una democracia incluyente, respetuosa y libre de cualquier forma de violencia basada en género.
