La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a cinco policías colombianos que había secuestrado a comienzos de mes en la convulsa región del Catatumbo, en el noreste del país, confirmó la Defensoría del Pueblo.
«Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud», señaló la entidad en un comunicado.
Los liberados son los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes cayeron en manos del ELN cuando regresaban a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, para retomar sus labores tras las festividades de fin de año.
La liberación fue coordinada por una comisión humanitaria integrada por la Iglesia católica, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo.
«Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país», agregó en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.
En un comunicado difundido tras el secuestro, el ELN justificó el secuestro al acusar a la Policía y al Ejército de supuestamente brindar apoyo al Frente 33, una disidencia de las antiguas FARC con la que esa guerrilla tiene un duro enfrentamiento por el control territorial desde hace un año en el Catatumbo, y los señaló de ser partícipes del accionar criminal de ese grupo armado en la región.
La región del Catatumbo forma parte del departamento de Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, una zona históricamente golpeada por la violencia armada y la presencia de grupos ilegales, donde operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas de narcotraficantes.
Además, esta región completa un año de recrudecimiento del conflicto armado, con enfrentamientos entre estos grupos ilegales por el control territorial y las economías ilícitas, que han dejado, según el procurador general, Gregorio Eljach, al menos 163 personas y más de 84.000 desplazados internos en 2025 a causa de la violencia.
