“Hay un control social sobre la vida y sobre cada organismo que hay en el territorio. […] Ellos quieren controlarlo absolutamente todo”.
Así describe un investigador de derechos humanos la vida en el departamento colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, uno de los bastiones históricos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En algunas zonas de Arauca, el ELN impone toques de queda; en otras, mantiene a la población confinada y solo permite salir para comprar comida o asistir a citas médicas con permiso previo de la guerrilla.
Quienes transitan entre territorios bajo dominio rebelde deben portar un salvoconducto o coordinar de antemano un pase para cruzar los retenes del ELN, según residentes y trabajadores humanitarios.
El ELN también actúa como principal autoridad judicial de la región. A través de “juicios revolucionarios”, sus mandos imponen castigos y sanciones a quienes infringen las normas o cometen delitos comunes. Las penas pueden ir desde multas y trabajos forzados hasta la expulsión de las comunidades o incluso la ejecución de los acusados.
La influencia del grupo también alcanza la esfera política formal. Varios gobernadores y alcaldes electos en Arauca han sido procesados y encarcelados por nexos con la guerrilla. El ELN incluso cobra, según fuentes políticas y comerciantes entrevistados para esta investigación, una comisión del 5% sobre la mayoría de los contratos públicos y también interviene en licitaciones con empresas fachada o intermediarios de confianza.
Este nivel de control le permite al ELN operar prácticamente sin obstáculos en esta estratégica región fronteriza.
El grupo obtiene ganancias importantes del tráfico transfronterizo de drogas y puede usar Arauca como base segura para enviar refuerzos cuando se requieren en otros lugares.
Al ELN le tomó décadas alcanzar este nivel de hegemonía en Arauca. Pero recientemente ha consolidado un control social similar al otro lado de la frontera, en el estado venezolano de Apure, donde opera con la complicidad no solo de autoridades locales, sino también de elementos del Estado a nivel nacional.
Las raíces profundas en Arauca
El brazo armado del ELN que ejerce control sobre Arauca es conocido como el Frente de Guerra Oriental. Se trata de la estructura militar y financiera más importante del grupo a nivel nacional e internacional, cuya riqueza e influencia se han ampliado de manera significativa en los últimos años.
Los orígenes del Frente de Guerra Oriental se remontan a la década de 1970, cuando un grupo de guerrilleros del ELN se asentó en Arauca tras sobrevivir a una ofensiva estatal conocida como “Operación Anorí”, que dejó a la guerrilla al borde de la desaparición.
El grupo recibió un impulso financiero decisivo mediante la extorsión a las empresas petroleras que operaban en la región.
Un caso emblemático fue el de la multinacional alemana Mannesmann, que en la década de 1980 pagó más de US$2 millones por el rescate de varios de sus empleados.
Ese dinero permitió a la guerrilla construir una base financiera sólida para consolidar su proyecto insurgente en Arauca.
Una vez acumularon recursos significativos, el Frente Domingo Laín Sáenz —la principal subestructura del Frente de Guerra Oriental— amplió su capacidad de acción e influencia social. Por medio de la cooptación de líderes comunitarios, la infiltración en organizaciones sociales y políticas, y el reclutamiento de jóvenes, el ELN echó raíces en el territorio.
Sin embargo, el atractivo de Arauca como base de operaciones guerrilleras desató una competencia violenta por el control de la región fronteriza con las Fuerzas Armadas .
Entre 2005 y 2011, el ELN y las FARC fueron responsables de cientos de homicidios, desplazamientos forzados y un clima generalizado de terror. Sin embargo, tras una tregua en 2011, establecieron nuevas reglas de comportamiento en la región y acordaron nuevos lineamientos para el tráfico de drogas en la zona.
En previo consenso con campesinos locales, el ELN decidió reemplazar los cultivos de coca por otros productos.
“El ELN tiene tanto control que permitir el narcotráfico en Arauca es un riesgo de que otros actores armados quieran estar en el territorio”, dijo un líder social de Arauca.
El creciente control social y económico del ELN alcanzó otro nivel tras la desmovilización de las FARC luego del acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016.
Además de ocupar los espacios que dejó la guerrilla rival, el ELN incursionó en territorios donde las FARC habían operado históricamente, como los departamentos de Vichada y Guainía en Colombia, y el estado Amazonas en Venezuela.
Ese proceso de expansión fue liderado por Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, comandante del Frente de Guerra Oriental y miembro del Comando Central (COCE).
Pablito se convirtió en el artífice del crecimiento de la guerrilla en ambos lados de la frontera colombo-venezolana. Bajo su mando, el frente consolidó posiciones estratégicas en Arauca y comenzó a proyectar su poder en otros territorios.
Con el apoyo de mandos como William Ernesto Cruz, alias “El Profe”, y Moisés Bautista Núñez, alias “Jorge” o “Heliodoro”, el Frente de Guerra Oriental amplió su participación en economías criminales lucrativas —en particular, el tráfico de drogas— y extendió su influencia hacia nuevas zonas fronterizas donde nunca había operado.
Con el tiempo, el Frente de Guerra Oriental se convirtió en la estructura más poderosa del ELN a nivel nacional, con cerca de 2.000 combatientes, según estimaciones oficiales.
Sin embargo, esta expansión y ocupación territorial no fue solo militar: se sostuvo sobre un intenso control social en muchas de las comunidades locales.
Un espejo al otro lado de la frontera
En el estado venezolano de Apure, pasando el río Arauca, el Frente de Guerra Oriental exportó el modelo de control social que le ha resultado efectivo en Colombia.
La gran diferencia es que, en Venezuela, el ELN administra economías ilícitas y regula el orden social con la complicidad de elementos del Estado. Del lado colombiano son insurgentes. Del lado venezolano, actúan como un brazo paramilitar afín al régimen.
El ELN ingresó por primera vez a Apure en la década de 1980, mientras intentaba evadir a las fuerzas de seguridad colombianas. Sin embargo, inicialmente no fue bien recibido en Venezuela, en parte por ataques contra las fuerzas militares, como el asalto a la base naval de Carabobo en 1996 y la emboscada de 1997 en Cotufí, en el municipio de Páez, Apure.
Pero cuando Hugo Chávez llegó al poder a finales de los años noventa, el Frente de Guerra Oriental encontró un importante aliado ideológico. Su presencia rebelde primero fue tolerada y luego catapultada.
Bajo el mando de su sucesor, Nicolás Maduro, esa afinidad ideológica evolucionó hacia una alianza estratégica para el régimen.
El ELN funciona como un soporte en zonas donde el Estado es débil: aporta apoyo político, protege la frontera y persigue a grupos criminales rivales.
Como en Arauca, el ELN también ha penetrado profundamente en la política local en Apure, aportando financiación para las campañas y ejerciendo presión política en favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En ocasiones, el ELN ha ido más allá de la financiación irregular.
Por ejemplo, en las elecciones municipales de julio de 2025, un mando del ELN identificado como José Bladimir Bigott Portela, alias “El Mecha”, se postuló como concejal en la lista del PSUV. Descrito por varias fuentes como un hombre “peligroso” involucrado en extorsiones y homicidios, había ganado apoyo comunitario financiando eventos deportivos y obras sociales en zonas rurales e indígenas. Sin embargo, la atención mediática que generó su candidatura pareció llevar al PSUV a retirar su respaldo.
“Creo que tuvieron que separarlo para evitar un mayor escándalo”, dijo un líder social de Apure que habló bajo condiciones de anonimato por motivos de seguridad.
La percepción comunitaria del ELN en Apure es ambigua. Mientras algunos residentes lo consideran una autoridad legítima que ofrece seguridad y orden ante la ausencia del Estado, otros lo ven como una fuerza opresiva que impone su voluntad mediante la violencia y la intimidación. Quienes desafían la autoridad del ELN en Apure enfrentan consecuencias severas, incluyendo castigos y hasta asesinatos.
“En caso de que no acaten las reglas, te llevan, te quitan el motor o te quitan la canoa, y te llevan detenido a sus campamentos o fincas”, contó un ganadero local.
La fuerza paramilitar de Maduro
La fuerza paramilitar de Maduro
El Frente de Guerra Oriental ofrece al régimen de Nicolás Maduro algo más que respaldo político.
Se ha convertido en una fuerza paramilitar esencial, capaz de ejercer control territorial en la conflictiva zona fronteriza.
Una demostración de esa eficacia ocurrió en 2020, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas lanzaron una ofensiva fallida contra otro grupo guerrillero.
La operación dejó varios militares muertos, otros capturados y dañó la imagen del ejército.
En respuesta, Maduro y la cúpula militar recurrieron al ELN para completar la misión que la Fuerza Armada no pudo cumplir.
En cuestión de semanas, el ELN derrotó a la disidencia del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El grupo consolidó su control sobre Apure, expulsó a las unidades disidentes rivales de las FARC y se estableció como el principal actor criminal de la región.
Tras la victoria en Apure, el Frente de Guerra Oriental mantuvo un acuerdo de división territorial con la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente de las FARC encabezado por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, un curtido guerrillero con acceso directo a Caracas.
Además de convivir en Apure, ambas guerrillas compartían intereses económicos en el vecino estado Amazonas, especialmente en minas de oro y coltán, y en el tráfico de drogas.
