El pasado 12 de diciembre, la familia de Jhon Jairo Cabarique, en compañía de sus representantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Juvenil Y Estudiantil Regional -ASOJER-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, el Colectivo de Abogadas y Abogados “José Alvear Restrepo” y entidades del Estado, se reunieron en el marco del acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas realizado por el Estado colombiano para honrar la memoria de este joven ejecutado extrajudicialmente por integrantes del Ejército Nacional.
Durante el encuentro la Vicecanciller encargada, doctora Diana Patricia Mejia Molina, en representación del Estado colombiano presidió el acto y pidió perdón público por este hecho en el que también fueron asesinados los jóvenes Óscar Orlando Bueno Bonnet y Jefferson González Oquendo, hace casi 29 años en Saravena, Arauca.
El acto se desarrolló en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, en el caso 11.990B Jhon Jairo Cabarique – Colombia.
Además de pedir perdón, el Estado extendió sus condolencias por los homicidios de estos jóvenes, reiterando que sus nombres se deben entonar en voz alta, con respeto, y con la certeza de que lo que ocurrió jamás debió haber sucedido.
Un mensaje contundente ligado al llamado del director de Defensa Jurídica Internacional, Yebrail Haddad Linero, en representación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a las demás entidades por el deber de garantizar que cada medida del acuerdo se cumpla con seriedad, con transparencia y con humanidad como una forma de honrar la vida de Jhon Jairo y de todas las víctimas que aún esperan reparación.
Con este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas se buscó dignificar la memoria y el buen nombre no solo de Jhon Jairo, sino de Óscar y Jefferson, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este mismo hecho; incluso, también de cientos de jóvenes araucanos que han sido estigmatizados y masacrados por haber nacido en una región en donde el conflicto armado y la violencia se ha ensañado en contra de sus habitantes.
De esta forma, se contribuye al ejercicio memoria histórica en Arauca y en el país, en aras de exigirle al Estado garantías de no repetición.
Sin embargo, este acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano es apenas un pequeño paso hacía la justicia y la verdad, pues todavía no existe una condena en firme contra los responsables de estos delitos.
Aunque el proceso penal aún no tiene una condena, ante la Jurisdicción Especial para la Paz los victimarios aceptaron haber cometido el hecho como una práctica sistemática de Ejecuciones Extrajudiciales – sin brindar toda la verdad-, poniendo fin a la vida de estos jóvenes inocentes, que se suman a los cientos de jóvenes asesinados bajo la misma modalidad en Arauca y a las más de 6.402 víctimas en todo el país.
