En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el aumento de amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos contra quienes ejercen la labor periodística.
Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, desde 1993 han sido asesinados 1.834 periodistas en el mundo. Solo en el último año, 83 perdieron la vida por ejercer su oficio.
En Colombia, la situación es alarmante
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1977 hasta hoy han sido asesinados 169 periodistas en razón de su oficio en territorio nacional. Entre enero de 2020 y la fecha se han registrado 10 casos fatales en los departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre.
Colombia ocupa actualmente el puesto 115 entre 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras, ubicándose como uno de los contextos más peligrosos para ejercer el periodismo en 2025.
El fin de la impunidad: un reto pendiente de los Estados
A nivel global, el 85% de los asesinatos contra periodistas permanece en la impunidad. Esta cifra representa una grave falla estructural de los sistemas de justicia.
Para romper el círculo de violencia contra la prensa es indispensable poner fin a la impunidad. De lo contrario, se transmite un mensaje de tolerancia y persiste el miedo entre quienes tienen la responsabilidad profesional de investigar, denunciar y visibilizar hechos de interés colectivo.
Ataques contra las mujeres periodistas
Cuando las víctimas son mujeres, la violencia se multiplica. A las agresiones físicas se suman violencias digitales, campañas de desprestigio, acoso sexual y hostigamiento amplificado algorítmicamente, lo cual aumenta las barreras para su participación en la vida pública.
La Unesco alertó que el bienio 2022-2023 registró el mayor número de asesinatos de mujeres periodistas en los últimos siete años: 14 en total. Este hecho profundiza riesgos diferenciados y exige respuestas con enfoque de género.
Llamado al Estado
La Defensoría del Pueblo le recuerda a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial su deber constitucional de investigar, juzgar y sancionar de manera diligente, independiente y eficaz los crímenes cometidos contra periodistas. Esto implica fortalecer la capacidad institucional para prevenir riesgos, avanzar en el esclarecimiento judicial y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias.
Asimismo, la Defensoría insta al Gobierno nacional a pronunciarse en respaldo de la colectividad periodística, considerando la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. El Estado colombiano es garante de su seguridad e integridad. Con este respaldo, se reafirma el compromiso con la garantía de un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo.
De igual forma, abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan interpretarse como habilitadores de violencia hacia cualquier sector de la prensa, y a promover en todos los espacios políticos e instancias institucionales compromisos y prácticas de respeto hacia la prensa, su libertad e independencia editorial.
Además, exhortamos a crear políticas públicas que garanticen, con estrategias estructurales, las condiciones para ejercer la libertad de expresión y de prensa libre de cualquier violencia, y promueva el pluralismo y fortalezca el sistema de medios públicos. combatan la violencia digital y fortalezcan mecanismos de prevención con enfoque de género e interseccionalidad.
Hoy la entidad nacional de los derechos humanos deja clara su convicción de que una sociedad democrática necesita una prensa libre, crítica y protegida. Ningún crimen contra periodistas puede quedar sin verdad, justicia ni memoria. Callar la voz de un periodista es callar el derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
La democracia se construye con garantías para decir la verdad. La impunidad no puede ser la última palabra.
