La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia a varias gobernaciones y alcaldías del país que aún no han formulado ni adoptado sus Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV), a pesar de que la ley les exige contar con este instrumento clave para reducir la siniestralidad en las carreteras.
Entre las entidades señaladas se encuentran las gobernaciones de Amazonas, Antioquia, San Andrés, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Vaupés, además de las alcaldías de Arauca, Cartagena, Yopal, Quibdó, Riohacha, Villavicencio, Sincelejo y Mitú.
La Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública recordó que la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) obliga a las administraciones territoriales a estructurar estos planes en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022.
El Ministerio Público pidió a las autoridades locales establecer un cronograma de ejecución con responsables y plazos definidos, designar equipos técnicos idóneos, coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la asistencia necesaria y explicar las causas de los retrasos junto con las medidas correctivas que adoptarán.
La Procuraduría subrayó que el cumplimiento de esta norma “no es un simple trámite legal, sino un compromiso con la vida de los ciudadanos”, al advertir que la falta de planes oportunos y efectivos puede seguir cobrando vidas en las vías del país.
