La Defensoría del Pueblo, la FLIP y Reporteros Sin Fronteras (RSF) realizaron una misión conjunta en Arauca para verificar la situación de la libertad de prensa y alertaron sobre amenazas, hostigamientos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan el ejercicio periodístico en el contexto del conflicto armado.
Durante la visita, se escucharon 23 periodistas de medios regionales, municipales y comunitarios, quienes denunciaron presiones, censura y estigmatización por parte de actores armados y de algunos servidores públicos.
En el marco del compromiso por unas elecciones libres y en paz, las tres organizaciones hicieron un llamado a cesar las amenazas contra la prensa y a fortalecer la protección institucional del periodismo como pilar de la democracia.
La Defensoría del Pueblo, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), realizó una misión de verificación en el departamento de Arauca para evaluar el estado de la libertad de prensa en la región.
Durante la visita, las organizaciones escucharon a 23 periodistas de medios regionales, municipales y comunitarios, así como a autoridades departamentales y locales, con el propósito de identificar los principales riesgos y desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico en el contexto del conflicto armado.
Esta misión se enmarca en la estrategia de la Defensoría del Pueblo de fortalecer la protección de la libertad de prensa con un enfoque regional y de establecer canales de atención eficaces con las y los periodistas del país.
El periodismo independiente constituye un pilar esencial de la democracia y su garantía demanda acciones preventivas, oportunas y coordinadas por parte del Estado.
Durante la visita, se evidenció el riesgo diferencial proveniente de cubrir el conflicto armado, tal como amenazas, hostigamientos, controles editoriales y presiones a publicar determinados contenidos y acceder a ciertos cubrimientos por parte grupos armados.
Estos actos constituyen una vulneración a la libertad de expresión y una grave violación al principio de distinción del derecho internacional humanitario (DIH), según el cual la población civil —y entre ella los periodistas— no puede ser objeto de ataques ni restricciones arbitrarias en el marco del conflicto armado.
También se constató el uso de expresiones estigmatizantes de algunos servidores públicos para referirse a la prensa, especialmente en redes sociales, desconociendo su deber de garantes.
Al respecto, reiteramos que, aunque los servidores públicos sean titulares de la libertad de expresión, están sujetos a deberes reforzados -como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Ríos y otros vs.
Venezuela y Perozo y otros vs. Venezuela. Estos deberes incluyen constatar razonablemente los hechos que fundamentan sus pronunciamientos, evitar vulnerar derechos como la presunción de inocencia y abstenerse de realizar injerencias arbitrarias que afecten el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencias como la T-1191 de 2004, T-627 de 2012 y T-446 de 2020, ha reiterado que los servidores públicos ejercen un poder-deber de comunicación, lo que implica veracidad, objetividad, prudencia y respeto por los derechos de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo, la FLIP y RSF advierten que en el departamento persiste un contexto de violencia contra la prensa, lo que afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público de forma veraz y plural. Además, ya se observan indicios de prácticas de autocensura como mecanismo de autoprotección por parte de periodistas y medios.
En este contexto, y en el marco del compromiso electoral por unas elecciones libres y en paz, impulsado junto con la OEA, las Naciones Unidas y la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato toda práctica de censura y de amenazas contra periodistas. Tales conductas constituyen violaciones graves del DIH y, en consecuencia, no pueden ser toleradas.
A su vez, instamos al Gobierno Nacional a garantizar el apoyo técnico y presupuestal necesario para que las autoridades locales cuenten con la capacidad de prevención y respuesta frente a los altos niveles de violencia dirigidos contra la prensa.
Ello exige la adopción de medidas integrales, efectivas, diferenciadas y concertadas en el marco de la mesa de garantías territoriales, entre otros espacios de articulación.
Del mismo modo, exhortamos a todas las y los representantes del poder público a ejercer su libertad de expresión con apego a los principios de veracidad, objetividad, prudencia y respeto por los derechos de la ciudadanía, pues los actos de comunicación de los servidores estatales deben contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Solo con el respeto pleno al trabajo periodístico será posible consolidar un espacio democrático en el que la crítica se reciba con argumentos y no con ataques que ponen en riesgo a quienes cumplen la tarea fundamental de informar a la sociedad, en Arauca y en todo el país.
