La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 014 de 2025 para Arauca, en razón a la confrontación armada entre grupos armados ilegales que delinquen en ese departamento del oriente de Colombia.
Las disputas entre el Frente Domingo Laín Sáenz —adscrito al Frente de Guerra Oriental, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— y los frentes
10.º, 28 y 45 —del Comando Conjunto de Oriente del Nuevo Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las extintas Farc al mando de ‘Iván Mordisco’— hacen que estén en peligro los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las comunidades de los siete municipios del departamento, como lo son Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, así como los de quienes viven en el municipio de Cubará, Boyacá.
Los grupos poblacionales que necesitan la atención inmediata de las autoridades son niñas, niños y adolescentes; mujeres y hombres en procesos de reincorporación; mujeres jóvenes de cabeceras municipales y zonas rurales, acusadas de ser informantes de la fuerza pública o de otro actor armado; lideresas y líderes de estructuras organizativas, sociales y comunales; comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento, confinamiento o vulnerabilidad; personas venezolanas en condición de migrantes; población víctima y sobreviviente del conflicto armado.
Los ocho municipios advertidos en la AT forman parte de las subregiones El Sarare y La Sabana, claves para las estructuras armadas al margen de la ley, donde movilizan sus economías ilícitas: narcotráfico, tráfico de armas y mercancías, trata de personas y contrabando de combustibles.
En gran medida, lo que también buscan estas organizaciones es el control territorial y social, con el fin de incidir en procesos sociales, económicos y políticos, situación que afecta a las y los habitantes del departamento, que incluye a quienes viven en la frontera araucana con Venezuela.
Otros grupos que representan una amenaza para las comunidades son, de manera intermitente, el Frente Acacio Medina desde el Vichada —facción disidente de la Segunda Marquetalia— y la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego desde Casanare —perteneciente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—.
La situación de violencia da cuenta de que, en Arauca, durante el 2024, fueron asesinadas 178 personas en hechos asociados al conflicto armado interno, 19 de ellas eran lideresas y líderes sociales y una era un firmante de paz.
La tasa de homicidios fue de 57,2 por cada 100.000 habitantes para ese año, ocupando el primer lugar en el país, por encima del Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó.
Entre enero y el 20 de septiembre del 2025, 84 personas fueron asesinadas en el departamento y en Cubará, 4 de ellas eran lideresas y líderes sociales y 2 eran firmantes del Acuerdo Final de Paz. Un hecho que perturbó la tranquilidad de la comunidad fue el ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando en el casco urbano del municipio de Tame tuvo lugar una masacre, que dejó 3 personas muertas.
El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) se presenta en la zona rural y suburbana de los municipios, particularmente en la ciudad de Arauca, pues el relacionamiento y acercamiento de NNA con los grupos armados ilegales es mayor. No obstante, hay casos de menores de edad reclutados en el Cauca y trasladados a Arauca.
Teniendo en cuenta el escenario descrito, la Defensoría del Pueblo, basada en la naturaleza preventiva y humanitaria de la AT 014-25, formula 28 recomendaciones a los ministerios del Interior y de Defensa, a la Policía Nacional, al Ejército de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a las alcaldías de los siete municipios araucanos y a la de Cubará, a las gobernaciones de Arauca y Boyacá, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para las Víctimas, entre otros entes.
La Defensoría les solicita una efectiva coordinación y articulación interinstitucional, a fin de que haya una respuesta rápida, la disuasión del contexto de amenaza, investigación y acceso a la justicia, medidas de prevención y protección, la puesta en marcha de acciones y asistencia humanitarias integrales, así como emprender medidas de política pública que permitan mitigar y superar vulnerabilidades sociales.
