CI.- La Fiscalía presentó pruebas que indicarían que en noviembre del 2024 militares trasladaron a integrantes de las disidencias con armamento desde el departamento del Cauca hasta Arauca para fortalecer las estructuras de ese grupo en esa región.
Los hallazgos surgieron por la incautación de varios aparatos de comunicación en octubre del año pasado en medio de una operación militar contra las disidencias de la subestructura 28 comandadas por Antonio Medina en Arauca.
En los dispositivos se hallaron conversaciones en donde Medina pide refuerzos a alias “Dionisio Rayo”, segundo al mando del Bloque Occidental de las disidencias, el principal responsable de la violencia que actualmente sacude esa región.
Tras la conversación, los jefes acordaron el envío de ocho disidentes como refuerzos.
Los testimonios de uno de los disidentes
José Duván Hernández es uno de los combatientes que iba en esa misión y quien actualmente colabora con la justicia y fue quien confirmó ese desplazamiento.
El desmovilizado detalló que además de llevar 36 minas improvisadas, 42 bombas de mortero y 50 cananas de cartuchos fueron transportados por el ejército.
“Nos embarcaron en una camioneta y nos sacaron hasta El Tambo (Cauca). En la entrada había dos carros marca Chevrolet Spark, uno de color gris y otro rojo. En uno nos subimos tres y en el otro los otros dos. La sorpresa me la llevé cuando uno de los conductores contestó el celular y se presentó como soldado profesional de un batallón de acá de Arauca”, dijo Hernández en su declaración.
Luego del largo viaje de 1183 kilómetros y de burlar los diferentes controles, el hoy informante dijo: “Nos tomamos unas cervezas. Todos los siete, que éramos los cinco guerrilleros y los dos choferes que eran soldados. Ellos pagaron todo”.
La fiscal del caso, Ángela María Santana, indicó que una de las pruebas para corroborar las versiones del desmovilizado fue que él: “le pidió a una de las personas que iba con camuflado distintivo del Ejército Nacional que le regalara una llamada para comunicarse con su mamá.
Pudimos verificar que esa llamada existió y la temporalidad coincide con el transporte de los milicianos”, indicó la fiscal.
Antecedentes de los vínculos entre fuerzas militares y las disidencias
En 2023, la Revista Raya publicó un documento de la Fiscalía de Justicia y Paz que menciona que Antonio Medina es un colaborador del ejército desde 2009 cuando desertó de las filas de las desaparecidas FARC.
En 2018, Medina quedó libre gracias al acuerdo de paz.
Sin embargo, meses más tarde lideraba el Frente 28, uno de los grupos ilegales responsables de varios ataques contra la población civil en Arauca. Ese mismo grupo recibió los refuerzos provenientes del Cauca.
«Doctora, como usted lo sabe, y la fiscalía lo sabe desde el momento en que me deserté de las Farc me he dedicado a ayudar a capturar gente con el ejército y la policía. En el ejército estoy colaborando con el coronel Martínez y con el capitán que me están acompañando hoy. Y con la policía lo único que he hecho es hacer», dice Medina en el documento del 2009, quien es conocido en Arauca por ordenar la instalación de un carrobomba contra la sede de varias organizaciones sociales en Saravena en 2022.
Además, Medina declaró como objetivo militar a decenas de líderes y lideresas sociales, algunos de los cuales fueron asesinados por su grupo.
Alianza entre Fuerzas Militares y el Frente 33 en el Catatumbo
En la región del Catatumbo se libra una guerra entre ELN y las disidencias del Frente 33 desde el mes de enero de 2025.
En ese conflicto armado, las Fuerzas Militares son señaladas de tomar partido por las disidencias, grupo acusado de escudarse en los diálogos de paz, mientras sostienen operaciones militares en ese territorio y ataques contra la población.
Mientras tanto, un informe de Human Rights Watch publicado meses atrás señaló:
«La percepción, a partir de eso que hemos podido documentar en el territorio, es el sentimiento de las comunidades (…) de que el Gobierno había tomado partido en esa disputa entre el Frente 33 y el ELN, por el Frente 33».
La protección de “Mocho Olmedo”
El mejor ejemplo fue el rescate de alias “Mocho Olmedo”, jefe negociador del Frente 33, en un helicóptero de las Fuerzas Militares colombianas.
Posteriormente, fue protegido por el Departamento de Inteligencia Nacional en un apartamento en Bogotá, a pesar de que sobre él pesaba una orden de captura en Estados Unidos por narcotráfico.
El jefe del Frente 33 estuvo 55 días libre en Bogotá y se presume que volvió al Catatumbo con la protección del DNI y el comisionado de paz, Otty Patiño. La Corte Suprema de Justicia pidió que fuera entregado al INPEC como ordena la ley.
Guerra contra el ELN
El ELN también publicó en sus redes sociales vídeos, fotos y testimonios de disidentes capturados que aseguran que las Fuerzas Militares ayudan y protegen soterradamente al Frente 33, que lidera alias “Richard” y “Jhon Mechas”, a quienes tildan de narcotraficantes.
Igualmente, esto se puede observar en la diferencia de las bajas y operaciones del ejército contra cada grupo.
A esto se suman las altas e inusuales desmovilizaciones del Frente 33 que una vez estaban acorraladas por el ELN, buscaban refugio en el ejército.
Finalmente, esta presunta alianza fue legalizada con la creación de la Zona de Ubicación Temporal.
Esta es criticada por periodistas y pobladores, que denunciaron que esta promueve y permite el traslado de los integrantes del Frente 33 armados hacia la ZUT ubicada en Tibú, precisamente en el epicentro del conflicto con el ELN.
Hasta el momento existe desconocimiento sobre este proceso y el Gobierno y su Comisionado de Paz no han dado razón alguna sobre el futuro de esta ZUT.
Mientras tanto, los pobladores reportan que las disidencias e incluso sus negociadores llegaron a esa zona para dirigir operaciones contra el ELN y manifiestan que no se les ha consultado nada acerca de este proceso.
