Le cayeron a Aremca. La Asociación de Municipios del Caribe, con sede en Barranquilla, se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción del país, tras conocerse que administró irregularmente $286.166 millones de pesos del Sistema General de Regalías a través de 43 proyectos fantasma sin licitación ni control legal.
El caso es un ejemplo perfecto de cómo la corrupción estructural se disfraza de legalidad. Aremca operaba sin estar registrada en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (Reat), pero eso no impidió que obtuviera millonarios contratos. Es más, lo convirtió en una ventaja operativa, al margen de la Ley 80 de contratación pública.
Mientras las comunidades esperaban alcantarillados, rellenos sanitarios o infraestructura básica, los proyectos se esfumaban en papeles sin ejecución real. Veredas como La Yuca, El Muerto y El Torno siguen igual de abandonadas, pero los recursos fueron entregados y, aparentemente, desviados.
Gobernadores, funcionarios del DNP y otros actores institucionales facilitaron el saqueo. El entonces secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, fue uno de los primeros en alertar que Aremca, sin acreditación legal, manejaba recursos equivalentes al presupuesto de un departamento completo. Una radiografía profunda que expone cómo el Estado permitió, por omisión o complicidad, este robo a gran escala.
La representante Lina María Garrido Martín denunció en 2022 solo en Arauca una gestión irregular por $24 mil millones, aunque el desfalco incluye otros departamentos como San Andrés, Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y La Guajira.
El allanamiento del CTI a las oficinas de Aremca en 2024 llegó tarde: los recursos fueron desembolsados principalmente en 2021, en el cierre del gobierno Duque, y las denuncias públicas iniciaron en 2022. Tres años de inacción frente a una corrupción evidente.
El director del DNP, Alexander López Maya, reveló que $12 billones de pesos se perdieron por corrupción entre 2017 y 2024. Aremca no fue un caso aislado: otras entidades como Foncolombia, Asomudacar o la Fundación Universidad del Valle participaron en esquemas similares.
Los más afectados por este desfalco son los municipios que más necesitan inversión: Puerto Gaitán, Arauca, Montería, Valledupar, Mocoa, Barrancas, Ciénaga, entre otros. Pueblos donde la riqueza minera y las regalías nunca se traducen en desarrollo real.
Aremca representa más que una red criminal: encarna el modelo de saqueo legalizado que se esconde tras trámites, tecnicismos y complicidades. El reto no es solo judicializar a los responsables, sino desmontar el sistema que permite que entidades como esta florezcan.
